El hecho perjudica a los habitantes del lugar, ya que el recurso hídrico era utilizado para abrevar animales e incluso algunas familias consumían el agua del manantial.
El abogado Luis Alberto Barreto Ayala, uno de los afectados, en representación de unas 50 familias del lugar, realizó la denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) y la Fiscalía del Medio Ambiente, cuyos técnicos se constituyeron en la zona.
Los funcionarios labraron acta de lo actuado y prometieron tomar medidas contra el responsable del cierre del cauce, pero hasta el momento nada pasó, se quejó.
Virginia Irigoyen de Chávez, una de las pobladoras de la zona, manifestó que desde hace dos semanas están sin el vital líquido, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para solucionar el problema.
“Ni nuestros animales pueden beber más del lugar porque ya no hay agua desde el taponamiento del manantial. No sabemos qué hacer”, exclamó.
Según versiones de vecinos, el dueño de la propiedad sería Rafael Ibarra, cuyo capataz, Marcelino Franco, les habría comentado que el objetivo sería criar peces en el lugar. En el momento de nuestra presencia en el lugar el propietario no se encontraba.
El abogado Barreto Ayala señaló que constituye un atentado ecológico la acción del o los responsables del taponamiento del arroyo y el manantial.
Dijo, además, que se han violado principios constitucionales, como el derecho al ambiente y a la vida saludable. Pidió que las autoridades actúen para restablecer el cauce del arroyo.