La justicia penal platense investiga un presunto fraude cometido en la prestadora de agua y cloacas en nuestra región, Absa, con el pago de facturas -en concepto de "honorarios por estudios y asesoramientos varios"- que resultaron ser de un pizzero, en una maniobra en la que estarían implicados dos funcionarios y un empleado de esa empresa, y un contador. Y en una de las derivaciones de esta investigación, renunció un miembro del directorio de Absa.En la presunta maniobra estarían implicados un director, que luego renunció, un gerente y un empleado de Absa
Voceros judiciales indicaron que en la causa, radicada en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata integrada por Carlos Argüero y Esteban Lombardo, se dictaminó "prima facie" que entre 2005 y 2007 un director, el gerente de administración y finanzas y un empleado de Absa, en connivencia con un contador, habrían cometido fraude mediante presunto "ardid o engaño consistente en la creación de un falso vínculo contractual de 'proveedor' o 'asesor', a nombre de un hombre que, en realidad, se dedicaba al rubro gastronómico en la especialidad pizzería".
Como se sabe, Absa, a cargo desde 2002 del servicio de agua potable y desagües cloacales en varias regiones de la Provincia, es una empresa en la que el 90% de las acciones corresponde al Estado bonaerense y el 10% restante a los trabajadores, de modo que representantes de ambos integran su directorio. En ese marco, la presunta estafa bajo investigación corresponde a la gestión anterior y, según trascendió, la actual conducción -designada en diciembre último, cuando asumió Daniel Scioli como gobernador- se presentó en la causa, que se inició este año, como particular damnificado.

LA MANIOBRA
En la investigación, los fiscales concluyeron que el pizzero, Carlos Lucci, era el titular de varias facturas por un total de 235.000 pesos pagadas por Absa por "servicios de control y estudios". Pero, llamado a declarar, el comerciante indicó que nunca fue contratado por la empresa de agua, desconoció su firma en las facturas y dijo que su contador era Miguel Angel Roldán, según señalaron fuentes judiciales.
Así, la Fiscalía sospecha que el contador se habría quedado con un talonario de facturas de su cliente Lucci y las utilizó en el presunto fraude, con la complicidad de funcionarios de la empresa que habrían permitido que en Absa se liquidaran indebidamente sumas de dinero por servicios que en realidad no habrían sido prestados.
En el expediente se indica que con ese accionar los imputados habrían logrado "no sólo el cambio del destino de los caudales públicos sino también la sustracción de los mismos en beneficio propio y de terceros, con claro perjuicio a los intereses de la empresa y por ende a las arcas de la Provincia". Y se definió el caso como configurado en los presuntos delitos de "uso de documento público falso, fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta".
En la causa se indica también que "existen motivos bastantes para sospechar, en principio, que los autores penalmente responsables son Julio Oscar Martínez, integrante del directorio; Jorge Héctor Di Leo, gerente de administración y finanzas; y Jorge Santellán, empleado, todos de la empresa Absa; así como Miguel Angel Roldán", un contador que ejercía la profesión en forma particular.

"DESCUBRIMIENTO"
Las fuentes relataron que la investigación se inició cuando la Fiscalía descubrió en otro expediente judicial, por una presunta estafa cometida por escribanos, una serie de cheques de Absa que habían sido emitidos a nombre del pizzero Lucci, y estaban endosados en favor del contador Roldán -imputado y detenido en aquella causa- y del empleado de Absa Santellán, y depositados en sus cuentas bancarias.
El director de Absa Martínez, en tanto, habría autorizado el pago de las facturas de Lucci y renunció a su cargo cuando se inició esta nueva causa.
El único detenido en la causa es Roldán, porque ya estaba preso por el mencionado caso de los escribanos; mientras que Santellán fue llamado a indagatoria con eximición de prisión. Y también fueron citados a prestar declaración indagatoria Di Leo y Martínez en agosto último, pero al menos uno de esos trámites no habría podido concretarse porque el mismo día la causa fue requerida por el Tribunal de Casación para tratar una apelación; planteo que aún no fue resuelto.

SINDICATO EMPRESARIO
Vale señalar que Martínez había sido designado director de Absa por la empresa 5 de Septiembre SA, que es la que ejerce la representación de los trabajadores que son a su vez accionistas de Absa.
En las asambleas de accionistas de Absa, en tanto, quien firma las actas por 5 de Septiembre SA es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba), Julio Castro.
Pero además el sindicato que conduce Castro es el dueño del 90% de las acciones de la empresa GRAL Saneamiento SA, cuyo presidente es el abogado Marcelo Salinas.
Y ambas empresas tienen contratos con Absa, que se renuevan periódica y automáticamente desde el 2002, según un pedido de informes aprobado por el Senado bonaerense. La 5 de Septiembre presta "asistencia técnica en la gestión operativa" de Absa y GRAL tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones.

PREGUNTAS
El Senado bonaerense elevó un pedido de informes sobre las empresas 5 de Septiembre SA y GRAL SA, contratadas por Absa desde 2002 y vinculadas al sindicato de los empleados de Absa, parte de los cuales son accionistas de la misma.