En comunicación exclusiva con nuestro medio la integrante del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), Alicia Chalabe, se refirió a la posibilidad de que se incremente la tarifa de agua potable en Jujuy, destacando la necesidad de no encarar la discusión desde el punto de vista de la rentabilidad económica, puesto que se trata de la prestación de un servicio público. Señaló la importancia de que se den a conocer públicamente los costos que debe afrontar la empresa, e indicó que todos los sectores involucrados deberían participar de la discusión.
Chalabe expresó que “recordemos que lo que se está tratando es realizar este marco regulatorio de la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Jujuy. Nosotros consideramos que este es un contrato muy importante, que tiene que ver con un elemento vital para la población, que es el agua, que es una de las políticas públicas más importantes que tiene el Estado”.
Por lo tanto, “consideramos de que en primer lugar hay que conocer, tener la información exhaustiva de todo lo que se trata en este contrato. Recordemos que hubo una serie de reuniones que se tuvieron en Agua de los Andes con la SUSEPU, pero yo creo que este es un contrato que debe darse a conocer a las organizaciones sociales, a las organizaciones de consumidores y a los mismos legisladores”.
Por otro lado, “venimos reiterando una y otra vez que no puede pretenderse hacer un incumplimiento del procedimiento previsto para la modificación tarifaria. Los servicios públicos tienen previsto un determinado procedimiento en la Constitución Nacional, que es el que nosotros vamos a reiterar que se cumpla: es muy importante tener en cuenta que un ciudadano que no ejerce sus derechos y una tarifa que se cobra de manera ilegal, van en perjuicio de la gente que menos tiene”.
Es por eso que “nosotros consideramos que el cumplimiento de estos requisitos que establece la ley tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, con estos mecanismos institucionales que están previstos para algo. Estos mecanismos son previstos para la protección del usuario y del consumidor, y si no se cumplen el producto que sale de esta renegociación va a ser ilegal y nulo para nosotros”.
En este sentido, “lo que nosotros queremos tener fehaciencia es en cuáles son los costos de la empresa y no sólo en los balances, que en los últimos tres años no los han presentado, sino además en la cantidad de recursos humanos, en los equipamientos, los materiales y las obras que tienen a su cargo. Yo creo que es una empresa que debe ser modelo, porque pensemos todo lo que ha pasado con la estatización de Aerolíneas, con todo lo que dijo sobre todo el Frente Para la Victoria, con los argumentos estos de lo que le ocasionaba al país hacerse cargo de una aerolínea y que vuelva a ser del Estado Nacional”.
En cuanto a la posibilidad de que se quintuplique el valor de la tarifa base, “seguramente con el nivel inflacionario que hay puede ser, pero recordemos que las prestaciones de servicios públicos no se rigen por una ecuación económica. Este es un concepto que se ha ido modificando, y hemos hablado muchas veces de que esto no está sujeto a una ecuación de rentabilidad, porque se trata de la prestación de un servicio público”.
Más allá de esto, “nosotros también queremos saber cuánto gasta la empresa en la provisión del servicio: sabemos que es importante la cantidad de usuarios conectados, sabemos también que por suerte Jujuy cuenta con agua, cosa que no tienen otras provincias que tienen servicio restringido”.
A esto agregó que “el viernes de la semana que viene está la audiencia pública en la provincia de Salta, para modificar el contrato que tienen con la prestadora del servicio de agua potable. Ellos por ejemplo han incorporado un anexo 1, destinado exclusivamente a introducir en el contrato la nueva ley de defensa del consumidor, todo lo que tiene que ver con los derechos básicos de los usuarios”.
En resumen, “por supuesto que vamos a pedir participar, y también vamos a pedir que participen los actores de esta situación, que no es solo el Poder Ejecutivo sino también el Legislativo: no puede depender de la voluntad y la decisión de solo algunos”.