Esta situación, así como también la de los primeros desplazamientos forzados, tomó estado público la semana pasada, en el marco de un seminario “contra la privatización del Madeira y por la soberanía del Amazonas”, que se desarrolló en la ciudad brasileña de Porto Velho.
La actividad fue organizada por grupos brasileños que integran la Vía Campesina -MAB, MST y MPA-, y contó con la participación de organizaciones campesinas del departamento boliviano de Pando, donde también habrá impactos por la construcción del complejo hidroeléctrico Madeira.
Durante el seminario se denunció la puesta en marcha de este emprendimiento como un “servicio para las multinacionales” que impulsa el gobierno de Brasil, que optó por transformar “prioridades privadas en prioridades nacionales”.
Desde esta perspectiva, la situación es aún peor ya que las obras se concretarán con dinero del “Fondo de Amparo al Trabajador”, que se destinará a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por lo que los opositores al proyecto consideran que el “pueblo brasileño” terminará financiando algo de lo que no obtendrá beneficios.
De todas formas, el emprendimiento sigue adelante con consecuencias nefastas: decenas de familias ya han sido desalojadas “a través de engaños” y sus casas fueron derrumbadas.
“El río Madeira está en fase de privatización”, enfatizaron los participantes del seminario, que también criticaron con dureza los estudios de impacto ambiental que se han realizado hasta el momento.