Una resolución de la Defensoría del Pueblo sobre la ilegalidad del aumento en la tarifa del agua disparó la polémica. Y mientras el gobierno provincial sigue guardando silencio sobre el tema, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) anticipó que, si no hay marcha atrás con el incremento, llevará la cuestión ante la Justicia.
"Si la provincia sigue con la decisión de aumentar el agua potable, obviamente iremos a la Justicia con un recurso de amparo", adelantó Mario Galizzi, titular de la delegación Santa Fe de Apyme. Además, aseguró que acompañarán el reclamo con una "gran asamblea" en la que estarán representados todos los sectores sociales.
Hace un mes, cuando el gobierno provincial anunció que los costos de la empresa Aguas Santafesinas SA (Assa) obligaban a diseñar un incremento del 29 por ciento, Apyme alzó su voz y llevó su disconformidad ante la Defensoría del Pueblo.
"El aumento está mal hecho", sintetizó el Defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez. A favor de su definición citó dos situaciones que no debieron soslayarse: el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) —espacio en el que están representados los usuarios — no tiene configuración definitiva; y además, falló el orden cronológico, ya que el aumento se puso en marcha antes de ser publicado en el Boletín Oficial.

Nulo.
Mediante la resolución 258, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo provincial revocar el aumento tarifario en el servicio que brinda Assa porque está "viciado de nulidad". La decisión llegó después de analizar la conformación del Enress, organismo que en la actualidad sólo tiene dos de los cinco miembros requeridos para su directorio.
"Al no tener el Enress el número de integrantes para deliberar y dar quórum, está impedido de expresar su voluntad, como por ejemplo la conformidad con el aumento de la tarifa del agua", razonó la Defensoría. A esta situación se suma la ausencia, en el ente del Consejo Consultivo, órgano conformado por representantes de los usuarios y que también asesora en materia de tarifas.
"Estamos muy preocupados por esta situación, si en una semana la provincia no se ajusta a la ley, vamos a convocar a una asamblea y a presentar un recurso de amparo y una acción de incumplimiento del deber de funcionario público", explicó Galizzi.
En su opinión, Santa Fe viene con varios años de superávit y la actual coyuntura económica no amerita cargar sobre los hombros de los usuarios los desfasajes en los balances de Assa. "No es momento, los números no están dando y las pequeñas y medianas empresas tienen problemas de caja para cumplir con todas sus obligaciones", aseguró.
Para Galizzi, la decisión de aumentar la tarifa del agua no sólo fue inconsulta, también dejó de lado la opinión de órganos consultivos como las asambleas de usuarios, que en los últimos años tuvieron una activa participación en las políticas de Estado a través de las cuales debería implementarse el servicio.
Por su parte, Aníbal Faccendini, de la Asamblea por los Derechos Sociales —entidad que participó de las reuniones en las que el gobierno provincial anticipó el aumento— dijo que el incremento, tal como está diseñado, no cumple con los requisitos legales por la conformación del Enress. "Sostenemos que el servicio debe brindarlo el Estado y las tarifas deben estar segmentadas", aseguró.