Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio son acepciones del verbo prevenir, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia. En una sociedad organizada, la prevención es una parte fundamental de las acciones de cualquier gobierno. Sin embargo, en otras, deben ocurrir los desastres ambientales para entonces afligirse y darse cuenta de que si se hubiese obrado con planificación estos podrían haberse evitado. Pero lo más incomprensible es que la preocupación cae en el olvido y sobreviene la inacción.
Se sabe desde hace muchísimo tiempo que las copiosas lluvias y las inundaciones son características de Tucumán durante el período noviembre-marzo. Hace 16 años, el 12 de febrero de 1992, por el desborde del río Marapa, La Madrid, Medinas y otras localidades del sur de la provincia quedaron bajo las aguas. Las pérdidas superaron los U$S 2 millones. En 1993, ya se sabía cuáles obras debían concretarse para lograr el aprovechamiento integral de los recursos hídricos y el control de inundaciones en la cuenca superior del río Salí. El plan surgió de un seminario, organizado por la Legislatura provincial; se basó en un estudio realizado por Agua y Energía Eléctrica en 1991 y contó con la participación de profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de otras entidades gubernamentales y de un gran número de ONG ambientalistas. En las conclusiones del seminario, se advirtió que era necesario dotar a la provincia de una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas; actualizar la base cartográfica; realizar un inventario de forestación; suspender la explotación ganadera en la zona de alto riesgo, regular la explotación de yacimientos y canteras, recuperar la central hidroeléctrica de Lules, entre otras acciones. Sin embargo, nada se hizo y las inundaciones prosiguieron año a año, aunque con menor intensidad.
En enero de 2000, las aguas de los ríos volvieron a devastar al pueblo de La Madrid, que quedó bajo las aguas; hubo entonces 15.000 damnificados y 8.500 personas debieron abandonar sus casas. Por la crecida del río Salí el puente Lucas Córdoba debió clausurarse el 14 de marzo de ese año y su reconstrucción llevó casi dos años. En setiembre de 2000, el Gobierno anunció que para evitar las inundaciones se harían 64 obras, con una inversión de $ 7 millones. El 10 de enero de 2005 el secretario de Obras Públicas advirtió que Tucumán necesitaba $ 2.000 millones para impedir el desborde de ríos y las inundaciones. En el verano de 2007, Tucumán padeció uno de los peores meteoros de las últimas décadas. El temporal de varias semanas de duración destruyó puentes y rutas, anegó numerosas localidades y ocasionó perjuicios, cuyo costo fue estimado en más de $ 30 millones por el Gobierno. En enero de ese año, productores y vecinos del sur pidieron que se reencauzara el río Gastona, cuyos desbordes habían afectado a 3.500 familias de Concepción. El secretario de Obras Públicas hizo hincapié entonces en la necesidad de ejecutar políticas de Estado más duras contra la deforestación y el sobrepastoreo.
Ha transcurrido un año y nueve meses desde entonces: el río Gastona aún no ha sido reencauzado y se desconoce que se hayan implementado políticas de Estado rigurosas sobre el tema ambiental. Desde 1993 se sabe cuáles son las obras hídricas que deberían hacerse para aprovechar los recursos y evitar las inundaciones. Sería auspicioso que alguna vez aprendiéramos a conjugar el verbo prevenir y a ponerlo en práctica.