La relación de Obras Sanitarias Mendoza SA con el Estado provincial vive otro momento de definiciones, por tres razones. Primero: el EPAS realizó una denuncia penal contra la empresa, que ayer hizo un descargo y publicó una solicitada defendiéndose, mientras el órgano de control se apresta a emitir una resolución de directorio con una sanción económica.
Segundo: la Suprema Corte de Justicia le acaba de remitir una nota a la Cámara de Diputados requiriéndole información en vista de la acción de inconstitucional que solicitaron legisladores de la oposición encabezados por el radical Jorge Serrano.
Y tercero: el Poder Ejecutivo tiene que decidir si encarga un nuevo estudio que lo ayude a definir si avala o no un aumento de tarifa. En función del aumento de costos, tanto de las inversiones como de la operación del servicio, OSM SA solicitó una suba de 46,73%.
Los tres temas, que van por carriles separados, tienen como denominador común una concesionaria que el Gobierno y el Entre Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS) acusan de haber caído en una desinversión que provocó el deterioro del sistema. En tanto, ella justifica el incumplimiento debido a la tarifa desactualizada y he ahí el dilema.
Hasta hace poco, el Gobierno planteaba un virtual colapso que arriesga la calidad del servicio. Luego hizo silencio, pero –según fuentes del Ejecutivo– Celso Jaque no esperaría muchos días más para avanzar sobre las soluciones.
Quizás entonces también confirme si en el período legislativo que resta insistirá con el proyecto que lo autorice a ampliar la participación de la Provincia en OSM, otro de los puntos sin resolución momentánea.
Ayer, el presidente del EPAS, Javier Montoro, no se atrevió a ponerle un porcentaje al deterioro del sistema. “No podría hacer eso ahora. Pero la desinversión es de años, porque se trata de obras a largo plazo, como es construir una planta de aguas cloacales”, dijo a UNO.

En el Ejecutivo
Montoro asumió hace pocos meses el cargo con la urgencia de abocarse al análisis de la situación de Obras Sanitarias. Así es como se expidió diciéndole al Ministerio de Infraestructura que debería llamar a concurso para realizar un estudio que verifique la veracidad de los elementos de prueba financiera que presenta Obras Sanitarias. Aún no se sabe si el Gobierno hará eso o directamente resolverá sobre el incremento que necesita la empresa para seguir operando.

En la Justicia (I)
Mientras Jaque tarda en decidir, la semana pasada, el EPAS denunció a Obras Sanitarias ante la Justicia por la detección de óxido de manganeso en muestras del agua que se consume en barrios de Godoy Cruz.
El caso ahora está a cargo del fiscal de Delitos Complejos Luis Correa Llano. Ayer, Montoro confirmó que la empresa hizo su descargo y que se analizará a partir de ahora con la posibilidad de que el EPAS emita una resolución con una sanción económica.

En la Justicia (II)
A la Cámara de Diputados llegó una nota de la Suprema Corte por el expediente “Serrano Jorge contra el Poder Ejecutivo por acción de inconstitucionalidad”, en la que solicita información sobre la ratificación legislativa del acta de entendimiento con la empresa.
La inconstitucionalidad planteada es sobre la ley de aprobación ficta (no fue tratada por ambas cámaras y quedó sancionada al vencerse el plazo para hacerlo) por la cual fue ratificada la carta de intención con la empresa.