El fiscal federal de la ciudad de Córdoba Gustavo Vidal Lascano inspeccionó ayer la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. La medida se tomó por una denuncia penal presentada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y vecinos de la zona por la supuesta violación del artículo 55 de la ley nacional 24.051, sobre contaminación ambiental.
Los denunciantes son personas que habitan aguas abajo de la planta, que recibe los efluentes cloacales que produce la ciudad de Córdoba. Como ya es de público conocimiento, llega a Bajo Grande cerca del doble de líquidos de lo que puede tratar.
La situación no es nueva: desde 1998 que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento. Por ese motivo, la Nación aportó fondos para la duplicación de Bajo Grande, obra que se está llevando adelante pero que no cumplirá el plazo de finalización previsto inicialmente de diciembre de este año.
Por lo tanto, el Suquía recibe diariamente, y desde hace una década, líquidos cloacales tratados de manera deficiente, que provocan un daño ecológico importante y que ponen en riesgo a la población cercana.
La situación se agravó más en los últimos cinco años, cuando el desarrollo inmobiliario de los barrios Nueva Córdoba, Alta Córdoba y General Paz aumentó significativamente el caudal que va a la planta. Como reconocieron funcionarios municipales en reiteradas oportunidades, los edificios construidos entre 2004 y la actualidad están conectados de manera clandestina a la red, salvo algunas excepciones.

El recorrido. Debido a la denuncia, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano inspeccionó ayer la planta. Lo acompañaron el subsecretario de Infraestructura municipal, Guillermo Assandri, el director de Redes Sanitarias, Oscar Nóbile, representantes de Cedha y vecinos de la zona.
Fue Nóbile quien ofició de guía, y ofreció a Vidal Lascano las respuestas requeridas, algunas de las cuales causaron sorpresa e indignación entre los vecinos. El fiscal recorrió todo el predio hasta el punto en que se descargan los líquidos al río. Luego, caminó sobre un terreno en el que se depositan los barros que produce la planta.
“La denuncia es preocupante porque tiene seriedad, lo pudimos constatar sin los conocimientos científicos específicos”, afirmó Vidal Lascano al finalizar el recorrido, que duró más de dos horas.
Entre los puntos que preocuparon al fiscal, destacó el volcamiento de barros supuestamente tratados en un predio contiguo a la planta. Ese material debe ser trasladado al enterramiento sanitario de Potrero del Estado.
“Se ordenarán pericias que serán realizadas por la UNC”, dijo Vidal Lascano. Agregó que “no sólo se busca la adjudicación de responsabilidades penales, si las hubiere”, sino también la mitigación de los efectos que produce la planta.
Cabe recordar que el municipio y la Provincia ya habían dispuesto un plan de mitigación en el marco de una comisión de seguimiento de las obras de ampliación de Bajo Grande.
Fue justamente el incumplimiento de esas medidas el que motivó que los representantes vecinales agrupados en una red de barrios, decidieran retirarse de esa comisión y llevar adelante las acciones judiciales que ayer generaron la visita del fiscal a la planta.

Aguas turbias
En la denuncia, el Cedha incluye análisis realizados sobre el río Suquía antes y después de la planta de Bajo Grande. La muestra se tomó en julio pasado.

Antes de la planta. El río contiene 19.200 bacterias coliformes fecales cada 100 mililitros.
Después de la planta. Los análisis demostraron que el agua poseía 2.560.000 bacterias coliformes fecales cada 100 mililitros.
Lo permitido. Se permiten mil bacterias cada 100 mililitros.

Análisis / Desagradable, pero evitable
Si existe una actitud que es característica de la idiosincrasia argentina es la acción después de algún hecho que se podría haber evitado. El ejemplo más claro son las clausuras a boliches que sucedieron a la tragedia de Cromañón.
Y pasa ahora con Bajo Grande. Para los funcionarios municipales que acompañaron la inspección judicial de ayer, la única solución a la contaminación que producen los desbordes cloacales es la finalización de la obra de ampliación de la planta.
Pero hubo una serie de omisiones por parte del municipio que provocaron la situación actual. El ex intendente Luis Juez suspendió las nuevas conexiones apenas asumió, en febrero de 2004. Y esa medida siguió vigente durante todo su mandato.
Juez había dispuesto que cada nuevo edificio debería tener un sistema de tratamiento de efluentes propios, para que se le entregara la documentación necesaria para escriturar. Sin embargo, los nuevos edificios en Nueva Córdoba, Alta Córdoba y General Paz fueron conectándose a la red pese a la prohibición, al mismo tiempo que escrituraban los departamentos.
¿Qué pasó en el medio? De un día para el otro, en la Dirección de Obras Privadas del municipio se dejó de exigir la factibilidad de cloacas para otorgar los finales de obra. Y Redes Sanitarias nunca controló las conexiones clandestinas.
Es cierto que hoy la única solución al desagradable presente es la finalización de la ampliación de la obra. Pero es una situación que, de haberse cumplido la normativa vigente, era totalmente evitable.