La fiscal de Instrucción Liliana Sánchez deberá ratificar o rectificar su decisión de que sea el fuero Penal, Económico y Anticorrupción el que deba investigar la denuncia realizada por el abogado Marcelo Touriño contra la empresa Aguas Cordobesas, por el presunto delito de cobro de sobreprecios en obras de infraestructura para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba.
La fiscal Sánchez recibió la denuncia de Touriño y la remitió al fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco, por considerar que había sospechas del delito de defraudación calificada que podría involucrar a Aguas Cordobesas y hasta al gobernador Juan Schiaretti.
Amayusco le devolvió la causa porque consideró que no había evidencias claras sobre este delito. Como la fiscal Sánchez estuvo de licencia esta semana, el fiscal Enrique Gavier debía decidir ayer esta cuestión. Sin embargo, hubo una presentación espontánea de la empresa Aguas Cordobesas aportando información, por lo que Gavier decidió dejarle la decisión a la fiscal Sánchez.