Esos datos surgen de un detallado e interesante informe elaborado por la compañía acerca de la situación de sus cobranzas en el área metropolitana, donde el 23,5 por ciento de los usuarios tiene una deuda de tres meses o más con la empresa, y casi 8.000 de ellos tienen cortado el servicio desde hace más de un año. Esto sugiere que una buena parte de ellos optó por conectarse clandestinamente a la red.

Dios se lo pague
De acuerdo con el informe, en el Gran Resistencia (es decir, la ciudad capital más Barranqueras y Puerto Vilelas, sin contabilizar a Fontana, donde el servicio está a cargo de una cooperativa) Sameep tiene registradas 86.932 unidades funcionales, es decir domicilios a los que mensualmente se les facturan servicios de agua y/o cloacas.
Al 15 de septiembre de este año, de ese total de usuarios, había 20.468 con deudas vencidas superiores a los tres meses, lo que representa un 23,5 por ciento del total. De allí se interpreta que de cada cuatro usuarios del Gran Resistencia, uno es un moroso de la compañía pública.
A su vez, de esos más de 20.000 deudores, 10.095 todavía cuentan con el servicio a pesar de estar en mora, y los otros 10.264 tienen la prestación cortada por no haber regularizado sus situaciones.
Si se pone la lupa sobre los usuarios con el servicio cortado, aparecen datos llamativos. De esos más de 10.000 usuarios, 2.498 están desconectados desde hace menos de un año, pero los otros casi 8.000 llevan más de un año (una buena parte, más de cinco años) sin estar conectados --en teoría-- a la red de agua corriente. En Sameep creen que la gran mayoría, en realidad, volvió a conectarse pero de manera clandestina.
El tema no es meramente anecdótico. No sólo que una conexión clandestina es un delito, sino que además un enganche de ese tipo, si está mal hecho, puede contaminar el agua potable que llega a todos los demás usuarios que están más adelante en la misma línea de distribución.

Necesidad que apremia
Como este año la grave sequía sufrida por la provincia hizo más necesario que nunca cuidar el agua, Sameep encaró una campaña de concienciación buscando fomentar una visión solidaria del uso de ese elemento. En ese esquema se inscriben los llamados a regularizar deudas, porque los deudores de hasta tres meses le deben a la empresa pública un total de 9,8 millones de pesos, y los que ya fueron desconectados conforman en conjunto una deuda de 10,1 millones. Es decir que, sumados, le generan a la compañía un agujero financiero de prácticamente 20 millones de pesos.
Las autoridades del servicio anunciaron que frente a ello se dispuso “una intimación generalizada, instando a los servicios aún no cortados a regularizar las cuentas corrientes”, dice un comunicado oficial que firma el gerente Héctor Enrique Masachs.
Allí también se plantea “una advertencia a los que tienen el servicio cortado y que podrían estar recibiendo el servicio en forma clandestina”, señalándose que en sus casos está tomada la decisión de “realizar denuncias penales a los que se descubra cometiendo defraudaciones, hurto o robo de agua potable por vía de conexiones ilegales”.