Un grupo de lavadores de oro artesanal, pertenecientes a una comunidad aborigen de la localidad Oratorio (departamento Santa Catalina) realizaron una grave denuncia contra el dirigente de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelo (CODEPO), Megdonio Solis, quien les habría prohibido la utilización del curso del río San Felipe en el que desarrollan su actividad.
El grupo de mineros, integrado por Ventura Carrillo, Santiago Carrillo, Inocencio Colqui, Asunción Carrillo, Mario Nieve, Luis Carlos, Juan Farfán, René Carrillo, Sinforiano Nieve, Federico Carrillo y Román Morales, llegaron hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy con el fin de dar a conocer a la comunidad la grave situación por la atraviesan.
Según manifestó Ventura Carrillo, desde el 25 de septiembre el grupo de mineros suspendió sus labores, producto de la prohibición del dirigente Megdonio Solís, “quien aduce ser el dueño de la zona”, dijeron.
La situación afecta a más de 14 familias que viven de dicha actividad minera y pertenecen a un proyecto aprobado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que les proveyó las herramientas, maquinarias y elementos de seguridad necesarias para la explotación del recurso natural.
Carrillo atribuyó la actitud del dirigente de la CODEPO a una cuestión puramente política, “ya que al parecer -dijo- si uno no se adhiere a su sector, resulta difícil emprender alguna actividad de sustento”.
Frente a este panorama, los mineros reclaman que se respete la Ley Nº 26.160 (Emergencia de la propiedad comunitaria indígena) que los protege como comunidad aborigen: “Nadie puede desalojarnos, ni atropellarnos de esa manera” dijeron los lavadores de oro, que se sienten desprotegidos ya que el Comisionado Municipal de esa localidad, Joaquin Roque Solís, es hijo de Megdonio Solís, quien “se presentó un día en el lugar de trabajo alegando ser dueño de esa zona y nos prohibió la utilización del curso del río”, emplazándolos hasta el 6 de octubre para retirarse, lo que además no se cumplió ya que el día 25 del mes pasado fueron obligados a cesar en sus funciones. Ventura Carrillo y sus compañeros dicen que la comunidad aborigen ya realizó el pedido de esa zona del río para el lavado artesanal de oro, por lo que insisten con que “nadie tiene por qué desalojarnos, pero lastimosamente las cosas se dan así por que no se coincide políticamente”, se quejó.
“Desde el 25 de septiembre que no estamos trabajando -relató-, estamos perdiendo mucho tiempo y con ese trabajo mantenemos a nuestras familias, por eso necesitamos que la justicia nos respalde”, plantearon los mineros.
Sobre los pasos a seguir, consideraron que lo primero es que la sociedad jujeña conozca su problemática y luego buscar respaldo en organismos como el INAI y la Dirección Provincial de Minería para solicitar de manera legal el pedimento “para que nadie nos venga a atropellar de esta manera”, concluyeron.