El Enress funciona, desde diciembre del año pasado, en forma acéfala, sin una conducción que pueda tomar ciertas decisiones, lo que daña las tareas propias del organismo que debe vigilar los servicios de cloacas y agua potable.
"Falta la integración del Directorio: la Ley 11.220 (art. 22 y 26) establece claramente su misión y funciones y la metodología para la selección de sus 5 miembros", recuerda el gremio en un comunicado firmado por Luis Tonón, secretario gremial.
Agrega que "en octubre de 2007, a raíz del vencimiento de los mandatos de dos de sus miembros, se nombraron dos directores por decreto, pudiendo el organismo seguir ejerciendo sus funciones hasta el 11 de diciembre, cuando feneció el mandato del último director designado con acuerdo legislativo".
En ese momento, "lo que se esperaba es que, al asumir el nuevo gobierno provincial, el Poder Ejecutivo integrara el órgano director enviando a la Legislatura los correspondientes pliegos", subraya.
El sindicato lamenta de inmediato que "hasta la fecha esto no se ha concretado, lo que ha traído perjuicios a los usuarios, los prestadores de los servicios sanitarios y los trabajadores del Enress".
Es un problema para los usuarios "porque no se han podido resolver recursos directos, por ejemplo, los de reducción tarifaria por baja presión en el servicio, como así también, la aplicación y el cumplimiento del contrato de vinculación firmado por Assa".
Para los demás prestadores fuera de la concesión de Aguas Santafesinas SA (lo que involucra a 362 servicios en manos de cooperativas, municipalidades y comunas) "tampoco se pueden dictar resoluciones regulatorias o de aprobación de documentación, ni aplicar el régimen sancionatorio previsto para los mismos".
En cuanto al sector laboral, la representación sindical afirma que "desde diciembre de 2007 el organismo, al no poder dictar resoluciones, no ha podido cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo: pago de gratificación por 25 y 35 años, becas, ropa, reconocimiento de años de servicio, maestrías, etcétera.
"Está claro -dice el comunicado- el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del gobernador, al dejar este organismo, cuya creación, misión y función están establecidos por una ley, sin la integración del Directorio.
"Cualquier ciudadano común sabe que, si incumple una ley, puede tener consecuencias jurídicas... El Poder Ejecutivo, ¿no lo sabe? ¿O su condición le da derecho a no tenerla en cuenta?", se pregunta el sindicato.
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