El medio ambiente no parece ser una preocupación sincera en nuestro país. La prueba más evidente son los dos casos más paradigmáticos: el Riachuelo y las papeleras sobre el río Uruguay. Respecto del primer caso, la Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de presentar un informe a la Justicia sobre las irregularidades cometidas durante la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo y por ello solicitó que se impusiera una multa a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti.
Según el informe de la Defensoría presidida por Eduardo Mondino, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y está integrado por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, incumplió casi en su totalidad con los requerimientos exigidos por la Corte Suprema de Justicia para limpiar el curso de agua más contaminado del país.
En julio último, la Corte, en una sentencia histórica en el juicio "Mendoza c/Estado Nacional y otros", ordenó al gobierno nacional y a los de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires que cumplieran con la obligación legal que establece la ley general del ambiente. En la sentencia ordenó, entre otras cosas, que se armara un sistema de información pública que permitiera a cualquier ciudadano seguir el estado del programa de saneamiento en cualquier momento; que se creara un programa de inspecciones y de reconversión tecnológica en todas las industrias contaminantes de la cuenca; el saneamiento de los basurales y la relocalización de las personas que viven en ellos; la limpieza y la parquización de las márgenes del Riachuelo; la expansión de las obras públicas de agua potable, pluviales y cloacales, y procedimientos de participación ciudadana para recibir propuestas y reclamos de la comunidad. Y designó a la Defensoría del Pueblo como órgano de control.
El informe presentado recientemente ante la Justicia destaca que "las tres jurisdicciones siguen trabajando por separado, por lo que parece que Acumar no ha logrado ser operativa ni eficaz"; que "los controles que se efectúan siguen siendo distintos, según qué autoridad intervenga, y la información es totalmente distinta de un lado u otro del Riachuelo. Esto lleva a concluir que los derechos ambientales en la cuenca no son respetados en forma homogénea".
Agrega que no se han efectuado inspecciones en las industrias emplazadas sobre la cuenca y que se presentó un relevamiento "sumamente incompleto" que sólo ha informado el nombre y el lugar donde se encuentran las empresas, además de un listado de 3700 industrias, cuando en realidad se contaron 10.000 en el censo económico. En el mismo sentido, se afirma que no se realizaron las inspecciones ordenadas por la Justicia, ni el control de calidad de aire, y no se cumplió con la obligación de crear un sistema de información pública, entre otras fallas.
Durante su presentación, Mondino solicitó la imposición de una multa a los tres estados por el incumplimiento, tal cual lo establece la Corte.
Respecto a las papeleras, un reciente estudio de la Corporación Financiera Internacional dio a conocer un informe de seguimiento ambiental realizado sobre la base de las mediciones cumplidas durante los primeros seis meses de funcionamiento de la planta de Botnia. Según el informe, no es perceptible el impacto industrial en las aguas y se afirma que la capacidad del sistema de tratamiento de líquidos permitiría, en breve, que en él se procese el efluente cloacal de la ciudad de Fray Bentos, lo que contribuirá positivamente a mejorar las condiciones preexistentes del río Uruguay.
Lamentablemente, la autoridad argentina no ha dado a conocer si ha efectuado controles y mediciones para corroborar o contradecir el informe, de modo de tener elementos para hacer una evaluación seria sobre un tema que nos preocupa. Sin embargo, continúa el vergonzoso corte de ruta, realizado a veces por una sola persona, y el Gobierno parece no prestarle atención a un acto que vulnera los derechos constitucionales de los argentinos que no queremos vivir bajo la cultura de la patota.
¿Qué se espera? ¿El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya relativo al alegado incumplimiento del Tratado del río Uruguay?
Coherencia. Quizás un poco de coherencia nos devolvería credibilidad sobre el verdadero interés ambiental de nuestro Gobierno. Nuestra autoridad ambiental, antes asesora legal de quienes promovieron el corte de rutas, ahora es multada por su inactividad en el Riachuelo, y guarda silencio o mantiene inactividad sobre la situación ambiental real del río Uruguay. El medio ambiente no parece ser una preocupación sincera en nuestro país.