Estamos viendo cómo las autoridades nacionales apuestan a una fuerte inversión en la obra pública, lo que en gran medida puede avizorarse como una clara acción tendiente a la recuperación de espacios ‘cedidos’ durante la década de los 90.
En materia de servicios públicos en el ámbito nacional, se puede apreciar claramente a través de la rescisión del contrato de concesión con Aguas Argentinas (operado en 2007) y la consecuente creación de la empresa AySA (Convenio Tripartito operado en octubre de 2006 y ratificado por el Congreso Nacional mediante Ley 26.221); la creación de una empresa con capitales nacionales dedicada, entre otras cuestiones, a la explotación de los hidrocarburos (Enarsa), la creación de dos sociedades estatales dedicadas a la administración y operación del transporte ferroviario, a saber: Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y Operadora Ferroviaria SE (creadas por Ley 26.352) y, en el último proyecto de Presupuesto (en pleno debate en estos días) se vislumbra la firme convicción del Estado en refortalecer a estas empresas (y algunas otras de capitales nacionales) con el propósito de expandir y mejorar los servicios que cada una presta y debe velar en su rol de garante primario, conforme el marco constitucional argentino.
En cuanto a AySA, se estima que podría recibir un aporte estimado de 475 millones de pesos los cuales serán destinados a la expansión del servicio. Este aporte tiene una vital importancia atento a la existencia zonas dentro del área regulada que no cuentan con agua potable ni mínimas condiciones de saneamiento, ello producto de problemas de vieja data y arrastre que guardan relación con incumplimientos de la ex concesionaria AASA, que motivaran la rescisión del esquema privatizador imperante desde el año 1993.
Enarsa pareciera que intentará reemplazar a la empresa pública de mayor envergadura por las aristas que reviste la prestación, su significativo capital, entre otros puntos, que supo tener el Estado Nacional como fuera la empresa YPF, y todo indica que podría recibir una significativa partida presupuestaria destinada a la compra de gas a Bolivia, la importación de combustible líquido de Venezuela y el financiamiento del plan energético total para alentar a las industrias a sustituir gas por gasoil o fueloil, todo ello atento la crisis energética que agobia la región, desde hace unos años a la fecha que no logra revertirse. Vale aquí recordar que la citada empresa tiene a su cargo la exploración y explotación de la plataforma marítima argentina que en un futuro resultará de vital importancia para poder llevar adelante un plan energético sustentable a largo plazo.
A su vez, el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2009 contempla la transferencia de fondos a empresas con capitales nacionales, como NASA, Dioxitek SA, EBISA, así como el llamado a licitación internacional para el estudio de inventario del aprovechamiento de los saltos compartidos sobre el río Uruguay y su afluente el Pepirí-Guazú, a los fines de construir la represa binacional Garabí, planteada entre ambos países desde hace más de treinta años.
Como puede apreciarse, el Gobierno apunta hacia una clara política de inversión en materia energética que a claras luces, resulta necesaria no solo para el crecimiento de nuestro país, sino también para el de toda la región.
Todo lo aquí apuntado, nos aproxima a una primera conclusión: hoy el Estado ha reasumido el rol estratégico que le ocupa en materia de explotación recursos naturales (agua, energía y combustibles). En tal entendimiento, es que vemos como relevante insistir con que este rol sea efectivamente asumido como una política pública de Estado, perdurable en el tiempo, estratégica y planificada (que no varíe de gobierno en gobierno), ya que de este modo comenzaremos a transitar hacia una seria gestión en materia energética en la que Argentina se vea beneficiada como muchos otros hermanos países latinoamericanos.

*Abogada y docente universitaria. Vicepresidenta del Ente Regulador de Agua y Saneamiento