Luego de acordar una agenda de temas, los dirigentes de aborígenes de la Corriente Clasista y Combativa que acampan en la plaza 25 de Mayo y un grupo de funcionarios designados por el gobernador Jorge Capitanich acordaron propuestas sobre asistencia alimentaria, salud, vivienda, provisión de agua potable, electrificación y producción, que en principio permitieron destrabar el conflicto.
Mártires López encabezó el grupo de aborígenes que dialogaron con el presidente de la Administración Provincial del Agua Pedro Favarón, el vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda Fabricio Bolatti, la directora de Zonas Sanitarias del Ministerio de Salud Nancy Trejo y el funcionario del Instituto de Colonización Esteban Branco Capitanich.
En la mañana de hoy se llevará a cabo una asamblea general en la cual los dirigentes pondrán en conocimiento de todos los manifestantes los resultados de las negociaciones, tras lo cual se decidirá si se levanta o no el campamento.

De a poco
La reunión se concretó en tres etapas, una llevada a cabo el lunes por la noche; la segunda el martes por la mañana y la tercera por la tarde. En el caso de la provisión del agua, que tiene como contexto el difícil momento de sequía que afecta a toda la provincia, planteada por los representantes de las comunidades aborígenes representadas por este sector, Favarón dijo que “las necesidades que tienen estas comunidades son graves y hay que atenderlas”.
En tal sentido los principales requerimientos tienen que ver con la reparación de molinos, la ejecución de perforaciones, abastecimiento y transporte de agua. El funcionario propuso respuestas puntuales, teniendo en cuenta el contexto de crisis hídrica por la que atraviesa la región: Pampa del Indio, Juan José Castelli y General San Martín.
Una demanda planteada por los aborígenes era la construcción de mil viviendas distribuidas en varias localidades. Al respecto Bolatti aseguró que la propuesta del IPDUV fue la de ejecutar la construcción de unidades habitacionales por etapas a medida que se efectivicen los desembolsos y financiamientos que bajan desde los programas nacionales.
El funcionario del Instituto de Vivienda propuso a los dirigentes aborígenes un plan de trabajo que abarca a distintas localidades en sus zonas rurales y urbanas, para construir viviendas a través de distintos programas habitacionales. Estos programas serían el “Mejor Vivir” y un nuevo esquema planteado por la provincia al gobierno nacional para ejecutar la construcción de viviendas rurales a través de empresas y cooperativas de trabajo (con participación de los mismos beneficiarios y las organizaciones sociales). Esta propuesta a ejecutarse en un mediano plazo se realizaría en las localidades de Castelli, Pampa del Indio, Las Palmas, General Roca, General San Martín, Fontana y Resistencia.
De acuerdo a la estimación de Bolatti en una primera etapa, según, este plan de trabajo se prevé comenzar antes de fin de año la construcción de unas 200 unidades habitacionales a través de los programas de viviendas urbanas, rurales y Mejor Vivir.
En cuanto a las cuestiones sanitarias, los aborígenes pidieron la refacción de puestos sanitarios y la apertura de CIC Rurales. A su turno Trejo explicó que estos edificios forman parte del plan de acción por jurisdicción que se lleva adelante entre el Ministerio de Salud y el de Infraestructura. Resaltó que muchos de los servicios que reclaman están en zonas judicializada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que están siendo refaccionados.
A ello sumaron el pedido de trabajar en el Hospital de la Hermandad Argentino Paraguayo, de Las Palmas y la directora General de Zonas Sanitarias les pidió tiempo para analizar esta cuestión ya que tiene que ser consultada con el ministro de Salud, Alberto Holzer.

El drama y las necesidades relatadas por dos protagonistas
Hombres y mujeres que participan en el acampe aborigen de la plaza central relatan cuáles son las necesidades que motivaron su reclamo al gobierno. Aunque en todo momento señalan que el planteo es conjunto, a continuación algunas historias personales y familiares explican la situación de extrema pobreza por la que atraviesan muchos de ellos.
La lluvia del lunes llevó a mujeres y niños a guarnecerse en el Museo por la Memoria, mientras los varones seguían en la plaza.
Norberta tiene 28 años y da de mamar a su bebé de casi un año mientras asegura a NORTE que necesita ayuda del Estado porque su marido, un pequeño productor de la zona rural de Pampa Chica, se quedó sin trabajo. La pareja tiene tres chicos y sobre la actividad que los sustentaba asegura que “sin cultivo para sembrar ni cosechar no tienen nada”. Por la sequía y la falta de agua en general, “ya no se puede plantar ni zapallo, que es uno de los cultivos más comunes” en la huerta de las familias rurales, asegura una de sus vecinas.
Amalia denunció que su hermana discapacitada de 27 años no recibe la asistencia que debería llegarle y hace poco tiempo le quitaron la segunda caja con ayuda alimentaria que les entregaban porque, según les explicaron, debía alcanzarles con una, que viene a nombre del padre.
La joven de 22 explicó que desde que su hermana tenía 14 la familia empezó los trámites por una pensión pero sin obtener resultados. “Ella es hipoacúsica y epiléptica y aunque debería tener una atención especial, mi mamá y papá se encargan de atenderla como pueden”, describe.
Amalia terminó el séptimo grado de la primaria, pero le resultó “imposible” hacer el secundario. Es mamá de un niño de 4 años y trabaja en quehaceres domésticos para sostenerse y ayudar a sus familiares.
Luis Benegas preside la asociación Cacique Taigoyic, que reúne a 43 familias aborígenes sin vivienda, sin ayuda del gobierno ni educación. “Protestamos porque queremos mejorar la vida de nuestros hermanos”, asegura.
Aunque el dirigente rehúsa hablar de su caso particular y prefiere aludir a las demandas de grupo, precisa que la mayoría de los agricultores pide ayuda en combustible y que la desocupación es una de las mayores preocupaciones entre los hombres jóvenes y adultos.
Además, Benegas asegura que aunque a algunos les llega ayuda, ésta no alcanza o es insuficiente. “Hay alimentos pero no para todos y muchos no saben dónde tiene que inscribirse o cómo gestionar lo que les corresponde”, detalla.
Leila, con tan sólo 34 años, tiene un hijo de 20. Lo dio a luz cuando apenas tenía 14 y le siguen otros de 17, 15, 12 y 3 años. Participa de la protesta junto a otras mujeres mientras su marido se quedó en el campo cuidando de la casa y de los más chicos.
“No hay trabajo para nuestros hombres, no tenemos vivienda, ropa, ni nada”, dice y cuando explica la situación del campo, explica que es imposible sembrar algo por la falta de lluvia: “Hay chacras aradas pero sin ninguna posibilidad de sembrar”.
También cuenta que para beber deben extraer agua de las escasas fuentes disponibles que son charcos o lagunas muy bajas.
Bety tiene seis hijos, de ellos el menor tiene 9 años y el mayor 23. Cuenta que casi todos no terminaron la primaria y que el secundario lo cursó sólo una de las chicas que con 16 años debió dejarlo en busca de una oportunidad laboral. “Si tuviera una beca podría seguir”, pide.
La mujer que vive en Campo Medina, a unos 27 kilómetros de Pampa del Indio afirma no sentir que está sola, “somos muchos los que pedimos algún tipo de ayuda para que nuestros chicos estudien”, afirma.
Ante la consulta de qué les impide ir a la escuela, responde: ”La falta de plata; cuando son chiquitos no se nota tanto, pero cuando tienen 9 o 10 les da vergüenza porque no tenemos ni para comprarle un par de zapatillas”.
Asegura que recibe una caja de alimentos y unos 200 pesos del Plan Familias que temen perderlos.