Un informe de Sameep dio a conocer significativos datos que no hacen más que poner sobre la mesa la discusión sobre el grave problema de la provisión de agua que apremia a toda la provincia.
Según la información de la empresa proveedora, uno de cada cuatro, el 23,5 por ciento, de usuarios del Gran Resistencia (la ciudad capital más Barranqueras y Puerto Vilelas, sin contabilizar a Fontana, donde el servicio está a cargo de una cooperativa) no paga sus facturas por el suministro de agua potable, lo que en términos financieros arroja una deuda global de 20 millones de pesos con la empresa estatal.
De más de 20.000 deudores, 10.095 todavía cuentan con el servicio a pesar de estar en mora; 2.498 están desconectados de la red desde hace menos de un año; y casi 8.000 tiene cortada la provisión desde hace más tiempo, algunos casi cinco años. Una buena parte de ellos optó por conectarse clandestinamente, lo cual no solo configura un delito; ese “enganche”, además, generalmente mal hecho, puede contaminar el agua potable que llega a quienes están más adelante en la misma línea de distribución.
Los deudores de hasta tres meses le deben a la empresa pública un total de 9,8 millones de pesos, y los que ya fueron desconectados conforman en conjunto una deuda de 10,1 millones. Es decir que, sumados, le generan a la compañía un agujero financiero de prácticamente 20 millones de pesos. Las autoridades de la empresa anunciaron que frente a ello se dispuso “una intimación generalizada”, instando a quienes aún no les ha sido cortado el servicio, a regularizar las cuentas pendientes.
Es imprescindible partir de la premisa de que el agua es un bien social, y tanto las instalaciones como su provisión deben estar al alcance de todos. Todos deben poder acceder a un suministro suficiente, salubre y aceptable. Las prestaciones e infraestructura deben ser de calidades suficientes y adecuadas, y es fundamental que esto sea posible en el marco de la accesibilidad económica. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de un derecho esencial a todo ser humano.
No puede afirmarse que en el Chaco las tarifas que se cobran por el suministro de agua potable tengan un costo imposible de asumir. Las razones de tantos usuarios en mora hay que buscarlas, por un lado, en el alto índice de desempleo y los flacos salarios que obligan a la gente a optar entre comer y pagar sus obligaciones; aún cuando se está aplicando la llamada tarifa social, que alcanza en toda la provincia a 62.598 usuarios, sobre un total de 161.287 a los que se factura, por lo que el beneficio llega a un 37 por ciento de los consumidores directos. Esta tarifa diferencial se aplica a personas ancianas sin recursos y en estado de exclusión; jubilados con bajos ingresos; grupos familiares vulnerables; trabajadores desocupados; titulares del servicio que estén enfermos y personas con capacidades diferentes.
No hay que obviar, aunque sea lamentable admitirlo, que no son pocos los que no cumplen con el pago por esa enfermedad que nos aqueja, con carácter endémico, llamada “viveza criolla”, esa anomia o debilitamiento de la moralidad común, que se traduce en el típico comportamiento de violar las normas.
Imposible soslayar que el agua es justamente uno de los recursos escasos en el Chaco a pesar de contar con grandes ríos que dibujan la región. La falta de agua potable, que afecta casi al 75% de su población, es la principal deuda de la democracia provincial, que en 25 años no ha logrado concretar la construcción de un acueducto.
La asunción de Jorge Capitanich generó expectativas sobre esta obra, teniendo en cuenta que instaló el tema -el acceso al agua potable- como una de sus principales promesas durante la campaña.
De todas maneras, debido a la envergadura del proyecto, el acueducto no podría estar concluido al menos hasta 2010 ó 2011. Esto significa que, en el mejor escenario posible que facilite el inicio inmediato de su construcción, al menos la mitad de la población del Chaco seguirá sin tener agua potable en los próximos tres o cuatro años, que es el plazo que llevaría la construcción sólo de la primera etapa de la obra.
Ya no existe el mañana, el mañana es hoy. Debemos conservar y administrar racionalmente lo que tenemos porque mañana podría ser tarde.