La opinión de los oradores que participaron ayer de la audiencia pública para analizar el modelo de gestión de Aguas de Salta fue unánime y contundente: la Provincia debe rescindirle el contrato a la empresa.
Salvo por lo representantes del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), quienes convocaron a la audiencia para legitimar un nuevo modelo de contrato para la compañía; y los de Aguas de Salta, quienes destacaron el servicio prestado por la empresa y pidieron más ingresos para garantizar su continuidad; todos los usuarios, legisladores y miembros de organizaciones civiles repudiaron la continuidad de la concesión.
La audiencia comenzó con una exposición de los gerentes del organismo de control, quienes explicaron cuál era la intención del gobierno provincial para el nuevo modelo de gestión, a partir de que el gobierno se asocia a la empresa.
Los funcionarios plantearon un esquema tarifario que abarate el costo del sistema medido y encarezca la renta fija, para incentivar el traspaso de los usuarios a la micromedición y así favorecer el ahorro de agua.
Si bien algunos de lo participantes consideraron que el sistema medido era más justo, algunos supusieron la implementación de un "tarifazo" encubierto. Es que la definición del cuadro tarifario fue planteada como la intención de avanzar hacia un modelo, pero no con números reales.
El senador por Metán, Raúl García (PRS), consideró fundamental contar con esa información antes de la audiencia pública, sin la cual no se podía emitir opiniones. Por su parte, el diputado Pablo López (PO), cuestionó el hecho de que recién 5 minutos antes de su exposición pudo contar con el acuerdo entre la Provincia y la empresa, cuyo contenido fue un misterio hasta que fue publicado ayer el decreto que lo refrendaba.
Bronca. Pero quienes cuestionaron con mayor dureza a la empresa Aguas de Salta y a la decisión del gobierno de darle continuidad, fueron los propios usuarios. "No queremos saber nada con Aguas de Salta, ni con medidor ni sin medidor", resumió Jorge Dante López.
"Es inmoral que paguemos por agua potable cuando el agua viene contaminada", expresó Catalina Brito. La más contundente fue la vecina de Grand Bourg, Silvia Tiranti.
"No queremos que con nuevos cuentos del tío se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias", se quejó. "Cómo puede el Estado asociarse a una empresa a la que denunció penalmente" y "cómo puede ser más caro el metro cúbico de agua que el de gas natural", se preguntó.
Uno a uno, los vecinos fueron cuestionando la decisión del gobierno de darle continuidad a una empresa que no realizó las inversiones planteadas en el contrato, que contaminó los ríos volcando líquidos cloacales sin tratamiento, que tiene la tarifa de agua más cara del país pero con un servicio plagado de interrupciones y líquido impotable, que intentó por la fuerza la instalación masiva de medidores que no miden correctamente, entre otras irregularidades.