La audiencia pública por la tarifa del agua y el servicio de cloacas, cuya concreción fue celebrada por vecinos e instituciones, respaldó la aplicación de una tarifa social. Los funcionarios expusieron que el defasaje con la tarifa actual es del 125%, hubo consenso para la aplicación de una tarifa escalonada (mayor consumo, más caro el precio) y el reclamo de una eficiente medición, a partir de la inversión en medidores.
La audiencia, que duró cuatro horas, fue seguida en su totalidad por el intendente Francisco Torroba. El jefe comunal, pocos después de las 18:00, dijo que "a un mes de haber iniciado esta gestión municipal, hoy concretamos esta audiencia pública tendiente a afianzar la democracia pluralista, contribuyendo a erradicar el flagelo de la corrupción con mayor grado de transparencia y participación".
La moderación de la audiencia estuvo a cargo del secretario Pedro Salas, quien estuvo acompañado por el secretario Diego Bosch (Obras Públicas) y Luis Evangelista (Hacienda). También estaban los concejales Cristina Requejo, Leandro Altolaguirre, Gastón Massari Copes, Alicia Iribarren y Marcos Cuelle del FrePam. Por el lado del PJ, Eduardo Molteni estuvo hasta el final de la audiencia mientras que Silvia Pérez Roldán y Sulma Valenzuela sólo estuvieron la primera hora.

"El abandono total"
Luego de las palabras del intendente, el secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, Diego Bosch, junto al director de Hidráulica, Alberto Pessio, realizaron una exposición en power point. Describieron todo el servicio del servicio de agua potable y de cloacas.
Bosch resumió que "lo que encontramos es el abandono total". Dijo que la desinversión en el sector lleva años. "Pero no podemos llorar. Tenemos que gestionar y mirar para adelante", dijo.
Explicó cuál es el defasaje entre lo que se cobra y lo que se gasta. El retraso es del 125%. Uno de los costos que aumentó es el gasto de personal, que antes revistaban como planes de empleos y ahora pasaron a planta. En el año 2005 el gasto de personal era de $ 219.950, mientras que hora es de $ 620.155. La Dirección de Hidráulica tiene 156 agentes (incluye 4 funcionarios y 7 contratos).
En relación a los medidores, de un total de 25.000 conexiones, sólo funcionan 7.000, mientras que el resto no tiene medidor o están trabados. Hay unos 7.000 en esta condición, a lo que se les cobra el consumo mínimo de 9 metros cúbicos.
También consideró que es necesaria una inversión de $ 2.352.000 en equipamiento, que incluye la compra de 5.000 medidores (con una inversión total de $ 1.800.000 ya que cada medidor tiene un costo de $ 360). Actualmente Aguas del Colorado cobra $ 0,48 por metro cúbico (más IVA) y que eso es el 50% del costo que tiene la empresa provincial. Ese contrato termina a fin de año.

Exposiciones

El geólogo Carlos Schulz, uno de los expositores remarcó la necesidad de modificar la Ley 1.027, la ley de conservación y uso del agua. "Hay proyectos y descansan desde 1996 en la Cámara de Diputados", dijo.
Schulz destacó que a la hora de elaborar una tarifaria hay que aplicar tarifas segmentadas, por bloque. Esto dijo, está en la Ley 1.027, pero no se cumple. También habló sobre la calidad del agua y sobre la importancia de un plan institucional que regule la prestación de este servicio. "Deben participar todos los interesados en la planificación, la gestión y el control de este recurso que se debe usar, no gastar", dijo al final de su exposición.
El contador Sáez, en representación de la Fundación Chadileuvú, expresó que es necesario mejorar la medición y perseguir a los morosos. "Hay que poner acento en la equidad", afirmó. También apoyó la tarifa social y que se analice la situación de los morosos sociales justificados.
El concejal Leandro Altolaguirre (como presidente de la Asociación Alihuén) dijo que hay que revertir el concepto de la gente sobre la mala calidad del agua.

Vecinos a instituciones
A la hora de la apertura del debate al público, se destacaron los vecinos. Uno fue Enrique Wiggenhauser (ex funcionario provincial, docente) quien reclamo "una casa, un medidor". Dijo que estaba asombrado de los medidores "trabados".
"Vivo desde el año 1981 en el barrio Aeropuerto. Y desde ese año la ruedita de mi medidor está dando vuelta", insinuó. Dijo que "los medidores no se traban solos" y pidió urgente una revisión, además de una inversión en 10.000 medidores.
Otro vecino fue Raúl Juan Litterini. Dijo que lamentaba que hubiera tan poca gente y que es contribuyente desde hace 45 años de Santa Rosa. Y que, aunque está de acuerdo con la tarifa social, dijo que "se derrocha mucha agua. Yo pago mucho, porque somos 10 en casa. Pero que cada uno se haga cargo de lo que consume, porque sino nos tenemos que hacer cargo los que pagamos".
Antes habló Omar Hernández (Unión de Jubilados y Pensionados) pidió una tarifa social, en especial apuntada a los sectores de bajos recursos y a los jubilados.
La Cámara de Comercio, a través de Jorge Diván, reclamó una "actualización mesurada" de las tarifas y que se haga hincapié en la educación de los vecinos con respecto al uso del agua.
Ricardo Araujo, de ATE dijo que esto es "un avance democrático" y solicitó que el Estado provincial haga lo mismo. Pidió una auditoria a Aguas del Colorado.
El ingeniero Juan Ospital por el MOFEPA pidió información más detallada: organigrama, costo desglosados y discriminados y una auditoría externa. Respaldó un aumento porque puso como ejemplo lo que ocurre con su factura: paga entre $ 3 y 15.
Daniel Decristófano, ex concejal y dirigente de la Coalición Cívica, dijo que "Aguas del Colorado debería estar acá". Pidió que la figura jurídica de esa empresa cambie: dijo que el 60% de la tarifa del agua se va en costo de personal, que ahora incluye al Directorio. Y que con lo que le venden a la ciudad de Santa Rosa, se cubre el 98% de los costos de Aguas del Colorado según reveló.
El secretario general del Sindicato Luz y Fuerza, Julio Acosta, recordó el origen de la tarifa social, impulsada a nivel mundial en Sudáfrica (luego del apartheid) y en el país desde Mar del Plata. Celebró la audiencia como una instancia para debatir el rol del Estado ("no es casualidad que no se hayan colocado medidores, era el retiro del Estado"), pero que se debía escuchar lo que se volcaba en las mismas.
Carolina Salvai del Centro de Estudios Agustín Tosco dijo que "el agua es un derecho" y realizó tres propuestas: una campaña de concientización, tarifa social y que el sistema sea tasado en vez de tarifario (que el costo del agua se cotice de acuerdo al valor del inmueble que tiene la conexión).
Roberto Torres (UNILPA) también celebró la audiencia pública. "No hay que regalar más nada", dijo para mejorar la medición. Aunque estuvo de acuerdo con una tarifa social, y pidió un "Plan Director urgente". Lamentó que, a esa altura, no hubiera más concejales presentes.