Con el fin de "mantener la ecuación económico-financiera" de la cuestionada empresa Aguas de Salta, el gobierno provincial evalúa la posibilidad de prorrogarle el plazo de concesión del servicio más allá de los 30 años que restan de contrato.
Así surge del acuerdo firmado el 21 de agosto pasado entre el ministro de Desarrollo Económi-co, Julio César Loutaif, el presidente de Aguas de Salta, Raúl Escobar, y el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Federico Posadas, que se hizo público recién antes de ayer, luego de que fuera ratificado por decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Además de plantear la incorporación del Estado como accionista de la empresa en un 20%, su ingreso al directorio con poder de veto, el avance hacia el sistema medido en lugar de la renta fija, y otros hechos que ya habían sido dados a conocer oficialmente, el acuerdo establece todos los mecanismos necesarios para "garantizar la sustentabilidad de la concesión".
El acta dispone de todos los mecanismos para garantizar que la empresa Aguas de Salta no pierda rentabilidad y que no asuma riesgos que puedan generarle pérdidas. Entre las posibles alternativas plantea la modificación de las metas del servicio originales, el incremento de subsidios y aportes específicos de la Provincia, y hasta la posibilidad de "prorrogar el plazo de concesión".
El gobierno se compromete, inclusive, a compensar a Aguas de Salta por los juicios que pudiera perder, cuyas previsiones ascienden a más de 15 millones de pesos. "En el caso de sentencias desfavorables en los juicios en trámites contra SPASSA (Aguas de Salta) que se encuentran previsionados al 31/12/07 (...) el impacto de los mismos deberá ser compensado por el concesionario (la Provincia), por medio de una Revisión Tarifaria Extarordinaria por Otras Causales", reza el texto del acuerdo.

Imagen: Archivo Programa Infoambiente