La policía salvadoreña arrestó con violencia a los líderes y residentes de una comunidad que en julio de 2007 reclamaron contra la privatización de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua de El Salvador. Los miembros de la comunidad que protestaban por el aumento del precio y la disminución del acceso y la calidad del agua local privatizada recibieron balas de goma y gas lacrimógeno desde corta distancia.
Catorce personas fueron arrestadas y acusadas de terrorismo, un cargo que puede llegar a castigarse con una sentencia de hasta 60 años de prisión, bajo la nueva "Ley Anti-terrorista” de El Salvador, que se basa en la Ley Patriótica (Patriot Act) de EEUU. La criminalización de la expresión política y de la protesta social señala un peligro alarmante para la paz y los derechos humanos asegurados por los salvadoreños tras una brutal guerra civil de doce años, en tanto EEUU apoya públicamente al gobierno de El Salvador, incluyendo la aprobación de su draconiana ley anti-terrorista que entró en vigencia en octubre de 2006. Sin embargo, los salvadoreños continúan luchando porque el agua sea un derecho, no un crimen.
El conflicto que condujo a la pequeña comunidad de Santa Eduviges a exigir que su sistema de agua se des-privatice y se ponga bajo el control de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) está listo para ser reactivado ahora que los diputados de la derecha amenazan con aprobar una polémica ley general de aguas en la asamblea legislativa de El Salvador.
El proyecto de legislación plantea que la administración del agua cambie su carácter de cobertura nacional a un nivel municipal y requiere que los gobiernos locales otorguen "concesiones" para que firmas privadas manejen el recurso hasta por cincuenta años. La ley propuesta ha encendido la oposición de sectores de la comunidad y de las organizaciones sociales que temen una privatización total del sistema de aguas del país.
El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SETA) acusó al gobierno de impulsar un plan de desprestigio de la gestión de la agencia del estado para justificar la privatización. El presupuesto de ANDA fue reducido drásticamente en 15% en 2005, cayendo a su nivel más bajo en una década, en un país donde el 40% de la población rural no tienen acceso al agua potable.
SETA contrató media página en los diarios de mayor circulación de El Salvador para dar a conocer los motivos de su oposición a la Ley General de Aguas que, según el anuncio, "privatizaría el agua y condenaría a millares de nuestros compatriotas a sufrir de sed por no tener cómo pagar".
Los miembros de SETA señalaron los resultados devastadores de las recientes privatizaciones de las telecomunicaciones del país y de la electricidad, que condujeron al despido de millares de trabajadores. Muchos de estos empleados fueron forzados a reengancharse en los mismos trabajos pero por la mitad del salario y sin ninguno de los beneficios que percibían cuando las empresas pertenecían al estado.
Las privatizaciones del agua en América latina tampoco tienen un expediente halagüeño. El ejemplo más notorio ocurrió con un proyecto impuesto por el Banco Mundial en Cochabamba, Bolivia. El Banco entregó un préstamo condicionado a la privatización de los sistemas de agua más grandes del país. Cuando el agua de Cochabamba fue concesionada en favor de la empresa estadounidense Bechtel Corporation las tarifas subieron en 200%, encendiéndose una sublevación civil que hizo salir del país a la empresa extranjera, en tanto el sistema del agua fue puesto bajo control público. (Censurado 2001, #1).
Después de Cochabamba, el Banco Mundial retiró de su lenguaje la palabra "privatización" y la sustituyó por "concesiones", "descentralización" o "participación del sector privado". Pero los críticos dicen que aún con eufemismos el resultado final es idéntico: tarifas más altas, calidad más baja y menor acceso.
La presión de las organizaciones internacionales de derechos humanos coadyuvó a la liberación de los activistas de Santa Eduviges, después de casi de un mes de encarcelamiento. Pero en vez de aflojar su apretón, en agosto de 2007 el Presidente Elías Antonio Saca y su partido de ultra derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) empujaron las reformas del código penal que convirtieron en crimen los delitos menores por conducta desordenada. Tres semanas más tarde, el gobierno arrestó a ocho líderes de un sindicato de enfermeras que protestaron contra la privatización de los servicios de salud y la carencia de medicina. Si fueran condenadas, las líderes sindicales podrían hacer frente a ocho años de prisión bajo la nueva “Ley Patriótica” de El Salvador.
"El objetivo de estas leyes antiterroristas no es luchar contra el terrorismo, porque aquí no han existido actos de terrorismo en muchos años", dijo Pedro Juan Hernández, profesor de economía en la Universidad de El Salvador y activista. Añadió que el objetivo de la nueva ley es "criminalizar el movimiento social y encarcelar a los líderes de la comunidad".
Los activistas sociales que en El Salvador luchan por el acceso al agua, los cuidados de salud y la educación, y ahora protestan contra la derecha, ya han visto bastante guerra, dijo Hernández. "Los orígenes de la violencia están exclusivamente en la política, en el desempleo y en las políticas del gobierno contra la población", explicó. "De nuevo hemos regresado al nivel en que nos encontrábamos cuando comenzó el conflicto armado", añadió.
El apoyo de Washington a las medidas represivas llega en momentos en que El Salvador sigue siendo el único país latinoamericano con tropas en Iraq y fue el primero en firmar el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). La adopción de una legislación basada en la Ley Patriótica de EEUU y el albergue salvadoreño a la sede de la controvertida Academia Internacional de la Aplicación de la Ley, ILEA según su sigla en inglés (véase la historia # 4, sobre la “nueva Escuela de las Américas”), convierten a Saca en uno de los aliados más seguros de EEUU en la creciente militarización de su agenda neoliberal para América Latina, que suele confundirse con la llamada Guerra Global al Terrorismo (Global War on Terror).
Actualización de Jacob Wheller
Washington ha sido el origen de buena parte de la destrucción que ha caído sobre el pueblo de El Salvador durante la segunda mitad del siglo 20: las corporaciones que se adueñaron de la tierra, la destrucción ambiental, el abuso contra los trabajadores, los escuadrones de la muerte y la contrainsurgencia, los tratados comerciales dañinos y el bloqueo de los movimientos democráticos. Pero a comienzos del 2009 puede comenzar a escribirse un nuevo capítulo positivo en la historia de este país.
Por primera vez desde los Acuerdos de Paz firmados en 1992, terminada la brutal guerra civil de doce años, el partido progresista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene una opción razonable de ganar el poder en las elecciones nacionales (la elección parlamentaria y municipal ocurrirá el 18 de enero de 2009, seguida por la elección presidencial el 15 de marzo). En las últimas encuestas de 2008, el FMLN exhibe una cómoda ventaja sobre el partido derechista ARENA, que ha perpetuado las mismas políticas dañinas que condujeron a la guerra civil en 1980.
Si gana el poder, se espera que el FMLN detenga la desastrosa privatización del acceso al agua y al cuidado de salud, restaure los derechos de los trabajadores, luche por enmendar los acuerdos de comercio para un reparto más equitativo que beneficie menos a las corporaciones, ponga fin a la participación de El Salvador en la ocupación de Iraq y, en general, siga la trayectoria pavimentada por los gobiernos progresistas latinoamericanos más pragmáticos, como los de Lula en Brasil y Correa en Ecuador, en vez del estilo ardiente y combativo de Chávez en Venezuela. Mauricio Funes, el candidato presidencial del FMLN, ha dicho claro que Washington no está yendo a ninguna parte y que, a pesar de las cicatrices del pasado, está dispuesto a trabajar con el sucesor de Bush.
A fines de 2008 y principios de 2009 escribiré para In These Times una serie de historias sobre las próximas elecciones de El Salvador. En ellas espero difundir las voces de quienes raramente se oyen, crónicas de la evolución del movimiento progresista salvadoreño, desde los rebeldes de la guerrilla a los organizadores de los pueblos y los políticos preparados para dimensionar a San Salvador, e influiré para que los medios independientes y la gran prensa de Estados Unidos cubran estas importantes elecciones. Busque, por favor, la futura cobertura de El Salvador en nuestro magazine y en www.InTheseTimes.com.
Actualización de Wes Enzinna
Desde la publicación de mi artículo, y después de una protesta internacional de los observadores de derechos humanos, se cayeron los cargos contra los trece manifestantes arrestados en Suchitoto. La jueza que instruía el caso, Ana Lucila Fuentes de Paz, quien recibió entrenamiento en la estadounidense Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA), en San Salvador, resolvió que no había suficiente evidencia para condenar a los manifestantes, quienes arriesgaron hasta ochenta años de prisión por la "Ley Especial Contra Actos de Terrorismo".
Sin embargo, a pesar de esta positiva decisión, la historia de los 13 de Suchitoto no tuvo un final feliz. El 3 de mayo fue asesinado en el pueblo de Villa Verde Héctor Antonio Ventura Vásquez, de 19 años, uno de los 13 arrestados y encausados en el caso Suchitoto. Ventura fue golpeado en la cabeza y fatalmente apuñalado en el corazón por asaltantes desconocidos.
Existe considerable suspicacia de que el crimen tuvo motivos políticos. Y tras el asesinato de Ventura hubo un incremento de los asesinatos políticos contra activistas izquierdistas en El Salvador, entre ellos la muerte en enero de alcalde Wilber Funes, del FMLN. Además, el crimen ocurrió apenas dos días después de que Ventura acordó dar testimonio público de su experiencia en el “Día Contra la Impunidad”, planeado para el 2 de julio de 2008 por el alcalde de Suchitoto. "Dado su rol como uno de los acusados de alto perfil en el caso de contra-terrorismo, la muerte de Ventura pudo tener probablemente motivos políticos", escribió un miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Miembros de la comunidad de derechos humanos de El Salvador están exigiendo una investigación completa de la muerte de Ventura, mientras el gobierno no se ha pronunciado sobre tal petición. Los crímenes políticos a menudo no se investigan en El Salvador y muchos críticos dicen que ARENA ha contribuido al clima de impunidad por perseguir a los activistas izquierdistas, tales como los vendedores ambulantes y los 13 de Suchitoto, mientras ignora los casos de violencia política.
La elección presidencial 2009 representa la posibilidad más grande de que el público de El Salvador rechace las políticas mediáticas electorales de “puño de hierro" de ARENA. De hecho, muchos analistas predicen una victoria del FMLN en marzo. Sin embargo, mientras muchos observadores miran esperanzadamente hacia las elecciones de marzo, otros críticos advierten que ARENA prepara un fraude electoral. En particular, el partido predominante ha sido acusado de manipulación de los números del censo en plazas fuertes del FMLN, tales como Santa Tecla, Soyapango y Las Vueltas, para negar a sus candidatos los fondos del gobierno. Además, el 9 de mayo de 2008, el representante de ARENA y cabeza del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Walter Aruajo, anunció nuevas restricciones para los observadores internacionales de la elección. Las nuevas restricciones, explicadas por Aruajo, "se preponen regular que ningún grupo de observadores venga y participe en actividades políticas en el país". "Entrometerse en el proceso electoral dará lugar a la expulsión del país”, advirtió.
A los críticos les preocupa que la ausencia de una definición clara de la "intromisión" pudiera dejar abierta la puerta al uso arbitrario de estas nuevas restricciones y, más generalmente, preocupa que estas movidas preludien un esfuerzo de ARENA para proteger su caudal electoral con la creación y aplicación de leyes para su propio servicio y constitucionalmente cuestionables.
Actualización de Chris Damon.
En el año siguiente a la detención de catorce activistas del movimiento social en Suchitoto, se han registrado incrementos del movimiento social en El Salvador, como el lanzamiento de acciones unificadas y concertadas para volcar la ley anti-terrorista y obtener la libertad incondicional de los detenidos. Sin embargo, también hubo pérdidas significativas.
Trece de los catorce activistas originalmente arrestados pasaron veintiséis días bajo detención en las principales prisiones de hombres y de mujeres. Detenidos en cárceles atestadas, para más de alguno esto significó no tener derecho a una cama o tener que comprar el agua para bañarse y para beber. Los trece fueron excarcelados el 27 de julio 2007 bajo términos condicionales que les impiden viajar fuera del país, mientras queda pendiente la presentación de evidencia adicional por parte del Estado.
Este período de espera se extendió por siete meses, concluyendo el 8 de febrero de 2008, cuando el Estado cambió los cargos de "Actos de terrorismo" a "Desorden público y daños agravados". Producido este cambio, el Tribunal Especial designado para dirimir la acusación de terrorismo transfirió el caso al sistema judicial regular. El 19 de febrero hubo una audiencia en que la oficina del fiscal no pudo demostrar su acusación y la juez decidió conceder la libertad definitiva a los catorce demandados, argumentando carencia de cargos e insuficiencia de la evidencia presentada. A pesar de una apelación del abogado del Estado, la decisión fue ratificada el 4 de abril.
El júbilo por estas victorias fue de breve duración porque la noche del 2 de mayo fue asesinado Héctor Antonio Ventura Vásquez, uno de los ex demandados, en la pequeña aldea de Valle Verde, Suchitoto. Mientras nadie ha sido arrestado ni acusado de asesinato, los medios y las autoridades han insertado la muerte en la epidemia de bandas criminales que plagan al país, el más violento de América latina.
Sin embargo, los asesinatos de activistas como Ventura preocupan a las organizaciones de derechos humanos. El 12 de mayo, la Fundación para el Estudios en la Aplicación de la Ley (FESPAD), junto con otras organizaciones del movimiento social, presentó el caso como el elemento central de una petición formal a la oficina del Fiscal del Estado para investigar éste y otros catorce asesinatos que –arguyen– pueden representar el uso de bandas criminales para cometer asesinatos políticos. La presentación cita al "Grupo Combinado para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Políticas" (1994) que estableció criterios para determinar la probabilidad de motivación política en un crimen determinado: modus operandi, características de la víctima y nivel de impunidad alcanzado por los autores. Desde la presentación inicial de la lista de FESPAD de quince asesinatos sospechosos, la nómina se ha ampliado a diecinueve. Con todo, hasta la fecha no hubo respuesta oficial a estas demandas. Y continúa la controvertida legislación anti-terrorista.