Las ejecutoras implacables de esa “política”, tan injusta como la que nos aplica el Gobierno brasileño en Itaipú, son la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo argentino y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Argentino (CAMMESA), las que resuelven asuntos concernientes a la binacional a través de resoluciones internas.
El informe, que manos anónimas dejaron en nuestra redacción la tarde de ayer, apunta, con conocimiento de causa, que en 1994 fue aprobada en la entidad binacional la creación del Comité de Comercialización de Energía, pero que ese Comité “nunca funcionó”.
Añade que su creación obedecía a un propósito claro: “reglamentar la prestación de los servicios de electricidad de la EBY a Argentina y a Paraguay, de acuerdo con el Tratado.
... Pero como el Comité “nunca funcionó, no hay control sobre las compradoras, especialmente la Argentina, “hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren” a través de simples resoluciones de la Secretaría de Energía y de procedimientos de CAMMESA”.
“Es evidente que a Argentina no le interesa reglamentar definir, aclarar, transparentar los parámetros, conceptos y procesos que están con aplicación de facto... porque eso equivaldría a reconocer todos los derechos y beneficios que tiene el Paraguay por el Tratado y que los fue perdiendo con notas reversales entreguistas o con la política de los hechos consumados aplicada por Argentina”, añade.
Recurrimos al consejero Ramón Montanía con la intención de confirmar la veracidad del documento. Explicó que también recibieron el material y que lo analizaron con su colega en el Consejo de Administración el Dr. Gustavo de Gásperi, “un sabio del derecho, un patriota, interesado en la defensa de los intereses nacionales”.
“Encontramos que el hecho señalado representa una notoria desigualdad entre Argentina y Paraguay y consideramos que deben tomarse medidas urgentes con el fin de corregirla”, añadió.
“En esa intención presentamos un memorándum al Ing. Carlos Cardozo Florentín (director) y por su intermedio al Comité para que disponga, en forma inmediata, el efectivo funcionamiento de este Comité de comercialización”, agregó.
Se inquirió sobre la versión de una carta intimidatoria que le habría hecho llegar Oscar Thomas, director argentino de la EBY, en respuesta a la entrevista con ABC en la que decía que en Yacyretá hubo una asociación ilícita para delinquir.
A lo que respondió que “en ningún momento se refirió a los argentinos”. Enfatizó que el que tiene que pedirle su renuncia es Fernando Lugo Méndez, presidente de la República del Paraguay, a cuyas recomendaciones de transparencia, eficiencia y patriotismo trata de ajustar su trabajo.

A ANDE LE SOBRÓ SOLO 4,31%
En agosto del presente año, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), según registros de su Departamento Técnico sobre la explotación de la central hidroeléctrica, facturó a sus compradores 1.438.521 megavatios hora. De ese total, 1.376.574 megavatios hora (el 95,69%) se llevó Emprendimientos Binacionales S.A. (EBISA), de Argentina, mientras que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se quedó con el sobrante 61.947 megavatios hora (el 4,31%).