En la edición del día 13 del presente mes de O Estado de São Paulo, Tánia Monteiro interpreta que el decreto de marras “advierte a los vecinos que amenazan al país”.
“Según militares, el instrumento sirve para disuadir actos hostiles”, añade la colega de uno de los rotativos de mayor relevancia del vecino país.

QUIEBRA DE UN TIPO DE DIPLOMACIA
“Contrariando la tradicional diplomacia de pacificación, el presidente ... firmó la semana pasada un decreto que establece niveles de advertencia a quien amenace o cometa actos lesivos a la soberanía nacional, la integridad territorial o al pueblo brasileño, aunque eso no signifique invasión a nuestro territorio”, añade.
La periodista de O Estado dedica un párrafo especial a nuestro país: “El decreto puede ser leído, también, como direccionado al Paraguay, que vive amenazando con la expropiación y la expulsión principalmente a los productores rurales instalados en las regiones de frontera, además de revindicar la modificación del Tratado de la usina de Itaipú”.
La colega, sin dudas, con este párrafo se sumó de lleno a la “torcida” del equipo de Itamaraty, y opta por el fácil expediente de generalizar ciertos hechos, una tentación o error que debe evitarse, según recomienda el abecé de la práctica periodística.
En efecto, no es el Paraguay –o su Gobierno– el que amenaza, sino algunas organizaciones de campesinos sin tierras. Además, la colega no consigna, tal vez porque lo ignora, que el proceso de adquisición de las tierras que hoy cultivan está lleno de vicios, como comprar el derecho a ser sujeto de la reforma agraria en el país, un derecho que no debe venderse ni comprarse.

ITAIPÚ, EL BLANCO VERDADERO
La situación de los brasiguayos, que es atendible, incluso sus posibles reclamos, en definitiva no es el blanco –al menos el principal– del Decreto N° 6.592 de Inácio Lula da Silva, sino aquellos, incluyendo gobiernos extranjeros, en este caso la otra Alta Parte Contratante de Itaipú, que entorpezcan el suministro regular de su cuantiosa producción.
De acuerdo con los últimos registros, la gran central paraguayo-brasileña atiende casi la cuarta parte del consumo brasileño de energía eléctrica, y que aprovechan inclusive los 37.591.100 megavatios hora que forman parte del 50% que pertenece al Paraguay, cantidad por la cual le pagaron el año pasado US$ 100.302.700, o sea US$ 2,67 por cada megavatio hora.

LIBRE DISPONIBILIDAD Y PRECIO JUSTO
El pliego de reclamos que el actual Gobierno entregó a principios de agosto último a Marco Aurelio García, enviado especial del presidente Lula, que en ese momento y hasta no hace mucho se embanderaba todavía con “la diplomacia de la pacificación” , en sus dos primeros puntos colisiona frontalmente con sus inveterados privilegios: 1.- El secuestro del excedente paraguayo. 2.- El pago de una compensación por el usufructo de esa energía, que no llega a US$ 3 por MWH.
La posibilidad de los “actos unilaterales” en cuestiones “de policía y seguridad” para el cumplimiento del Tratado, que sus negociadores de principios de la década de los años ‘70 incluyeron en el Tratado, con la complacencia de sus pares paraguayos, es hoy desenterrada por un presidente que proviene de las filas de los trabajadores brasileños.
Esa posibilidad, gracias a la oportuna reacción de la prensa independiente, especialmente de ABC Color, y de políticos opositores comprometidos con la causa nacional, fue modificada el 1 de noviembre de 1973, aclarándose que los actos unilaterales “serán los que las Altas Partes Contratantes realicen en las áreas de los territorios sometidos en sus soberanías ...”.
Si en los años de la Doctrina de la Seguridad Nacional se respetó la soberanía de una nación como Paraguay, cae por su peso que, en tiempos de integración, decretos como el 6.592 o el despliegue militar son simples equivocaciones que aún pueden enmendarse.

PRIVILEGIOS
Los seis puntos que el país reclama al presidente Lula, en sus dos primeros puntos colisiona frontalmente con dos de los inveterados privilegios brasileños en hidroeléctrica binacional:
1.- El secuestro del excedente paraguayo, que en el 2007 fue de 37.591.100 MWH.
2.- El pago de una compensación por el usufructo de esa energía, que no llega a US$ 3 por MWH.