Con el conocimiento de que existen tratados internacionales que defienden a los humedales de relevancia global, la diputada nacional por Corrientes, María Araceli Carmona, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación pedidos de informes sobre los terraplenes construidos en la zona de los Esteros del Iberá, sobre todo teniendo en cuenta que ya se recibió una medida judicial para ser demolidos.
En relación con los terraplenes construidos en la zona de los Esteros del Iberá, Carmona sostuvo que existen tratados internacionales, como el Ramsar, que defienden a los humedales de relevancia global. El convenio, incluso fue ratificado por ley hace más de 15 años y ahora la legisladora correntina aguarda por una respuesta sobre las acciones del Estado nacional al respecto, ya que “es necesario hacer todo lo posible para salvaguardar al patrimonio natural de Corrientes”.
“El Iberá está protegido por normas internacionales”, aseguró Carmona e incluso remarcó que han sido avaladas por leyes nacionales por lo que simplificó la situación: “No hacen faltas sentencias, sino que se cumpla lo pactado hace más de 15 años para que se cuide a los recursos naturales provinciales”.
El pedido realizado a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene su principal punto orientado a la situación actual sobre el cumplimiento del tratado internacional denominado “Convenio relativo a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas” (Ramsar), que fue firmado en Irán en 1971 y ratificado por ley 23.919 del día 21 de marzo de 1991.
Siguiendo la línea legal, en el artículo segundo de dicha ley se incluyó en la Lista de Humedales de Importancia Internacional a la Reserva Natural del Iberá, ubicada en Corrientes. Incluso recuerda la creación hace 14 años del Comité Nacional Ramsar por lo que requiere información al respecto.
Además, Carmona pregunta a la Nación si dicho Comité tomó conocimiento por intermedio del Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes o de los medios de difusión, de la situación generada por las tareas de ingeniería realizadas por la Hacienda San Eugenio SA –ex empresa Forestal Andina– en la reserva natural. Dicha obra consiste en la construcción de un terraplén de 20 kilómetros de largo en el paraje Yahaveré, del departamento de Concepción, que obstruye el normal escurrimiento de las aguas y el consiguiente desequilibrio ambiental, y de dos nuevos trabajos de similares características en el mismo departamento.
También consulta si la Secretaría nacional ha comprometido su acción a efectos de hacer cumplir el artículo 3º de la ley 23.919, elevando la información a la Oficina Permanente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) y si se ha contemplado la posibilidad de realizar las consultas o el asesoramiento de expertos en la materia que desarrollan su actividad en el marco de la Convención Ramsar.
El pedido de informe por la legisladora plantea que “atento a la magnitud de las consecuencias sobre el medio ambiente y el hábitat de las distintas especies de animales que están siendo afectadas por la mencionada obra se solicita conocer si esa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha realizado las actuaciones correspondientes a efectos de evitar las consecuencias que producirán y las ya producidas por las acciones realizadas y las proyectadas por la empresa Haciendas San Eugenio”.