El oficialismo provincial reconoció ayer en la Legislatura que a la fecha se han instalado 1.380 medidores para el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba, a pesar de que la adenda del contrato con la empresa Aguas Cordobesas, firmada en 2006, proyecta para 2008 la instalación de 30 mil aparatos.
El debate surgió a partir de la insistencia del legislador José Maiocco (Unión Vecinal Federal) para que se traten sobre tablas dos pedidos de informes de su autoría acerca de la concesión del servicio de agua potable. Maiocco había solicitado información al respecto en abril y en agosto pasados, pero nunca había recibido respuesta del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) y tampoco del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.
Asistido por planillas que se proyectaron en una pantalla gigante instalada en el recinto, Maiocco denunció varios supuesto “incumplimientos” de la adenda de 2006, aunque aclaró que no sabía si el responsable era el Gobierno o la empresa concesionaria.
Entre la información que había solicitado estaba la cantidad de medidores y de conexiones domiciliarias instaladas hasta el momento. Citó entonces el apartado 1.5. “Proyección de la demanda de agua potable”, que figura en el Anexo VI del Contrato de Concesión del Servicio, (documento al que accedió este diario) en el que figura una proyección para la instalación progresiva de medidores.
En esa tabla se proyecta la instalación de 3 mil medidores para los años 2006 y 2007; 30 mil medidores para 2008; 40 mil para 2009; 30 mil para 2010; y 5 mil por año entre 2011 y 2019.
Agregó Maiocco que tenía información acerca de que no se había cumplido con esa proyección.
La respuesta oficialista estuvo a cargo del legislador José Scarlatto, quien señaló que hasta el momento se han instalado 1.380 medidores, y se realizaron 2.300 conexiones domiciliarias.
De inmediato, Maiocco le retrucó: “Instalaron 1.380 medidores pero tenían que instalar 30 mil... Yo no creo que en lo que queda del año lleguen a instalar los 28.620 que faltan”. Pero insistió: “Lo tragicómico es que desde la renegociación del contrato de 2006, estas instalaciones se hacen por aumento de la tarifa o por subsidio de la Provincia, y que si no se cumple por causa ajena al concedente, la Provincia deberá pagar una multa por incumplimiento”.
Maiocco se quejó de que tampoco estaba aprobado el plan trienal que el contrato exige presentar a la empresa Aguas Cordobesas para que la Provincia lo apruebe y lo ejecute. Scarlatto le contestó que el plan todavía estaba siendo analizado.
Al respecto, fuentes de la empresa Aguas Cordobesas señalaron que el mencionado plan trienal se presentó el 30 de agosto del año pasado ante el Ersep. Pero aclararon que en ese plan el operador, es decir la empresa concesionaria, “se limita a recomendar las mejoras; pero la evaluación, el financiamiento y la ejecución es responsabilidad del poder concedente”, o sea el Estado provincial.

Denuncia
Hace un mes, el abogado Marcelo Touriño, en representación de un usuario del sistema de provisión de agua potable, denunció que la concesionaria del servicio, Aguas Cordobesas, había presupuestado el material que se utilizaría para conexiones a un precio varias veces más caro que el real.