Alguna información que se maneja desde el sector empresarial indica que son unos 700 los pozos inyectores de petróleo paralizados desde hace tiempo, dispuesto por la autoridad ambiental de la zona norte. Desde ese mismo organismo sostienen que no son tantos y que además se está llevando adelante una tarea importante por parte de algunas operadoras para remediarlo.
Uno de los aspectos que se cuidan en estos controles está relacionado con la preservación de los acuíferos patagonianos que se encuentran por debajo de la cuenca del Golfo San Jorge, y donde los planteos empresarios son de llegar, a través de un estudio sobre el sector, a determinar dónde se encuentra este acuífero y lograr un “acuerdo racional” para aplicar medidas correctivas.
Claro que estos planteos tienen otras aristas, como por ejemplo las inversiones que deben realizarse o que se les exige desde al área medioambiental de la provincia, para evitar que la explotación que se realiza a través de perforaciones con distintas protecciones no generen derrames que contaminen las napas en las extracciones denominadas de recuperación secundaria, donde hay que inyectar agua cuando el petróleo ya no fluye y la extracción se vuelve más costosa, pero a la vez, más delicada.
Aquí la autoridad ambiental exige en varios casos y dentro de las medidas correctivas, el recambio del “casing”, que es una segunda tubería que protege a la principal o de perforación, hasta una profundidad determinada, hasta superar el acuífero, sumado a la utilización de un “packer”, elemento que bloquea el espacio entre las dos tuberías y la pared del pozo para evitar derrames.
Una opinión citada ayer por el diario Crónica de Comodoro Rivadavia es la del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), quien emitió una serie de prácticas recomendadas para que las operadoras mejoren el control y manejo de los pozos, en aras de preservar el recurso acuífero, con sistemas de telecontrol y otros instrumentos.
Sostienen desde el sector empresario que ante cualquier pérdida se puede parar el pozo hasta la reparación, pero agregan que en estos casos, directamente se han clausurado “sin ningún sustento técnico”.
Hasta aquí, aspectos técnicos y que además generan inversión en cada perforación, pero también se desliza que en cada pozo que se paraliza hay producción que se para y esto representa petróleo que no se extrae y regalías millonarias que pierde la provincia.
Llegó a plantearse que en una sola empresa, por los pozos que tiene parados y donde “no se pone de acuerdo con la autoridad de aplicación”, representa alrededor de 17 millones de dólares mensuales que la provincia no percibe.
Un sector empresario señala que los índices de producción muestran que en la provincia hay una caída en la extracción de crudo que en la primera parte de este año superó el 30 por ciento en relación al año pasado, cuando también había caído un 10 por ciento respecto del año 2006. Pero aclaran que “los controles y la protección son necesarios”, aunque piden “una adecuada reglamentación para retomar la producción de estos pozos sin correr riesgos ambientales”.

Controles
Por otra parte, ya en febrero pasado tres operadoras de la zona norte de la provincia habían iniciado Auditorías Ambientales de Proyectos de Recuperación Secundaria, informaron autoridades de Medio Ambiente de Zona Norte.
Estos estudios fueron requeridos por la Autoridad de Aplicación atento las diferentes irregularidades detectadas en las instalaciones, las roturas de casing en pozos inyectores y la existencia de presión en el espacio anular, entre otros, lo que hace suponer la potencial afectación de determinados acuíferos.
A partir de estos antecedentes y con la vigencia de la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley 2.658 – la Delegación de Medio Ambiente Zona Norte requirió la realización de una Auditoría Ambiental de los proyectos de recuperación secundaria existentes con anterioridad a la vigencia de la citada ley.
Estos estudios tienen como objetivo principal determinar el estado actual de los diferentes sistemas acuíferos de agua dulce de la zona, a fin de comprobar la existencia o no de contaminación de estos recursos y disponer en el futuro de un monitoreo continuo de los parámetros normales de calidad. Asimismo, aportarán información acerca del estado y posible mejoramiento de las instalaciones petroleras, especialmente en lo relacionado con los pozos inyectores.
Los trabajos a realizar se dividieron en varias etapas que serán presentadas mediante informes de avance a la Delegación, a fin de consensuar y evaluar su progreso para que a la hora de realizar las diferentes perforaciones, para la determinación del estado actual y posterior monitoreo del recurso acuífero, se efectúe de acuerdo a la criticidad de cada zona y a lo requerido por los profesionales del organismo provincial.
El producto final de estos trabajos generará un estudio hidrogeológico a nivel local del área de influencia de la actividad petrolera, el que aportará importante información sobre el estado del recurso, su potencial afectación y el posterior monitoreo del mismo, aunque resta conocer el resultado de estas evaluaciones.