Una de las grandes riquezas de nuestro país es su potencial de energía hidroeléctrica, que proviene de la abundancia de nuestras fuentes acuíferas y el caudal de nuestros ríos. La electricidad que se produce con ella es totalmente limpia y mucho más barata que la generada por medios térmicos, como las plantas que funcionan mediante diésel. Ya alrededor del 85% de nuestras necesidades energéticas se suple con fuentes limpias, no solo de agua, sino también eólicas y geotérmicas. Sin embargo, ese porcentaje está en descenso, mientras la demanda de electricidad sigue creciendo.
¿Por qué, entonces, no construir más plantas hidroeléctricas y revertir la peligrosa tendencia a “quemar” cada vez más diésel? La respuesta simple es que la inversión inicial que requieren es muy alta, aunque después la producción sea barata, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cuenta con recursos para emprender una suficiente cantidad de proyectos.
Por esta razón, la lógica más elemental indica que se deben crear condiciones para que, desde otras instancias se realicen las inversiones necesarias en ese campo. Esto incluye a empresas de servicios públicos, cooperativas y sociedades comerciales.
La razón es simple: si tenemos el potencial, pero no la infraestructura necesaria para explotarlo solo desde el Estado y, a la vez, hay otras instancias que sí cuentan con el financiamiento y están dispuestas a asumir el riesgo, lo lógico es crear las condiciones para que esto se dé.
Tal es el propósito del proyecto de Ley Marco de Concesión de Aguas para la Cogeneración de Energía Hidroeléctrica, que se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, en un ambiente de discusión que parece promisorio. Hasta ahora al menos, nadie ha salido con los vetustos clichés ideológicos de una supuesta –e inexistente– “privatización” del agua. En este caso, la iniciativa proviene del diputado libertario Luis Barrantes, cuenta con el respaldo del Gobierno y tiene la anuencia del Partido Acción Ciudadana (PAC), que ha expresado su interés en “mejorarla”, no obstruirla.
En esencia, el proyecto pretende llenar un vacío legal que data desde que el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) se convirtió en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en 1996, y los diputados olvidaron incluir en la nueva ley el procedimiento para otorgar concesiones de agua con propósitos de generación eléctrica. Si se soluciona este problema, si se elimina el absurdo límite que se pone a la generación eléctrica por parte de entidades privadas (15% del total nacional), si se logran establecer plazos de concesión adecuados y se diseña un buen sistema para definir las tarifas de mayoreo, o se establece un mercado de subastas suficientemente transparentes, el país dará un verdadero salto para tener energía más abundante, más barata y más limpia.
Es una gran cosa que esta iniciativa exista, y que marche por buen camino. Así, el sueño de que Costa Rica se convierta en un país que no dependa de los hidrocarburos para satisfacer su demanda energética, se podrá cumplir con relativa rapidez, para bien de todos. Lo lamentable es que hayan pasado tantos años sin el marco jurídico adecuado para impulsar la inversión privada en fuentes de energía limpia. En esto ha influido una conjunción de prejuicios y descuidos que, pareciera, estamos a punto de solucionar. Esperamos que la discusión legislativa se logre mantener por la vía de la racionalidad, el pragmatismo y el bien público, en una muestra de madurez política que, más allá del proyecto concreto, mucho necesitamos.