La iniciativa que sancionó ayer el Senado establece presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo y del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
El proyecto establece una definición clara y precisa de lo que se entiende por glaciares y ambiente periglacial, prohíbe y/o restringe la ejecución de proyectos o actividades en ellos, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias, entre otros.
Además impone la obligación de inventariar y monitorear el estado de los glaciares a efectos de su protección.
El senador Daniel Filmus, presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacó la importancia de la aprobación y explicó que el 70% del agua dulce está congelada en los glaciares, pero que menos del 1% de esos recursos de agua del mundo están disponibles para el consumo humano.
Durante la defensa del proyecto, Filmus consideró que "es indudable que la valoración y protección de los glaciares, como ecosistemas que forman parte fundamental del entorno natural de nuestro país, y que representan una de las más importantes reservas de agua dulce para la región patagónica, debe ser reconocida e impulsada por una ley de la nación".
La nueva ley crea el Inventario Nacional de Glaciares que será realizado por el Instituto Argentino de Niviología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad de aplicación (la ley establece que será el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental).
Asimismo, para aquellas obras que no se encuentren prohibidas se establece la obligación de la realización de un estudio de impacto ambiental que de cuenta de los efectos perjudiciales sobre los glaciares, a fin de evaluar su aprobación o no.