El doctor Marcelo López Alfonsín, especialista en derecho ambiental, visitó nuestra provincia y dialogó con Nuevo Diario, oportunidad en que reconoció que “se ha avanzado muchísimo en la aplicación de las leyes ambientales y hoy los temas están metidos en la gente”. De todas maneras, consideró lo que “falta es mucho más conciencia, más educación, más acceso a la información y mucha más participación feudal”.
En cuanto a la situación ambiental en la que está inserta nuestra provincia, dijo que conoce el tema de la Cuenca Salí-Dulce, y que es la más contaminada del país, después de la Matanza-Riachuelo. “Se como se ha avanzado en las cuestiones jurisdiccionales de las cinco provincias involucradas, creo que es el camino correctamente señalado, pero hay una necesidad de que el tema sea abordado no solamente por las autoridades de minería, sino por las de cuestiones ambientales”. En este sentido, agregó que pareciera que son dos mundos ajenos y la norma activa de aplicación de protección de medio ambiente que establece el Código de Minería, deja afuera a la Secretaría de Medio Ambiente. Pero “me parece que tampoco hay una voluntad muy fuerte por parte de este organismo de involucrarse en el tema”, remarcó.
El profesional de todas maneras dijo no estar en contra de la minería a cielo abierto, “en la medida que esté estrictamente controlada por todas las autoridades que tienen que ver con el tema”.
En cuanto a las normas que lo prohíben, dijo: “No estoy a favor de esa legislación provincial, son normas que no tienen en cuenta algunos conocimientos técnicos que se deben tener para decidir en primera instancia a favor o en contra. Hay procedimientos que son amigables con el medio ambiente, hay procedimientos que están en contra. Lo que hay que hacer es un control muy activo y no tener una posición ideológica sobre el tema”.
Por último, y consultado sobre si es favorable que la Justicia actúe para llegar al saneamiento de la Cuenca Salí-Dulce, el doctor López Alfonsín, indicó: “Acá hay algo concreto, son cinco provincias las que están involucradas, pero si no se ponen de acuerdo y si las autoridades no tienen la voluntad política de llevar adelante y coordinar con esta tarea, es triste llegar a la instancia jurisdiccional de la Corte para reemplazar lo que en realidad tiene que salir de los poderes políticos y no del Poder Judicial”.