El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá ("agua que brilla" en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o "zorro grande" en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que "no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar" en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales "siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor".
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Pero ejecutar la sentencia no es tan fácil.
"El expediente está en proceso de ejecución", dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay "dilaciones" en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. "La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo", advirtió.
La justicia está ahora "dando pie a los recursos" judiciales de la empresa y del ICAA "en salvaguarda del debido proceso". "Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso", alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial "tiene voluntad de cumplir la sentencia". "Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto", dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: "No a los terraplenes. Salvemos el Iberá".
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. "Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características", remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. "Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental", aseguró.