El megaproyecto habitacional se construye en la zona de La Rinconada, en el límite entre las comunas de San Pablo y El Manantial. Para esto, se están arrasando cientos de hectáreas de plantaciones de citrus al pie del cerro San Javier. Denuncian que se hizo desaparecer, en forma ilegal, un canal que servía para el escurrimiento del agua proveniente de la pendiente lo que acrecienta el peligro de inundaciones y aluviones en contra de la población. Advierten que la obra carece de los habilitaciones necesarias exigidas por ley y que organismos del Estado relacionados con esta causa están al tanto de este peligro que parece ser inminente.
La construcción, aparentemente irregular, de un enorme country en el pedemonte del cerro San Javier representa, según un experto, un serio riesgo de aluviones para poblaciones de las comunas luleñas de El Manantial y San Pablo y de la ciudad de Yerba Buena.
En un enorme predio de 320 hectáreas ubicado sobre la ruta Nº 339 (continuación de la avenida Solano Vera) en la zona de la Rinconada, en el límite entre las mencionadas comunas, se produce la deforestación de una extensa plantación citrícola perteneciente al empresario Vicente Lucci.
Sin embargo, detrás de este emprendimiento inmobiliario se esconde el peligro. Para el ingeniero hidráulico Franklin Adler, el arrasamiento de las plantaciones de citrus para construir un country incrementará gravemente el riesgo de aluviones e inundaciones en las poblaciones más cercanas.
Según el experto, por medio del inmueble se extendía el zanjón Polonio que permitía captar el escurrimiento del agua proveniente desde el cerro San Javier en caso de precipitaciones. Sin embargo, y sin aparente permiso alguno, este canal fue sepultado para dar lugar a las obras de construcción.
“Para evitar que sucedan aluviones como en 2001, que arrasaron viviendas y cultivos en toda el área, se hace imperiosa la necesidad de sistematizar el arroyo Polonio y conectarlo al canal La Rinconada que está en estudios de construcción. La desaparición de la vegetación y del zanjón destinado a encausar el agua proveniente del cerro representa un riesgo muy grande”, advirtió el vecino de Yerba Buena a primerafuente.
El country en cuestión implicará la construcción de varias lagunas internas, cancha de golf y de polo y de un centro de reuniones. El proyecto está encabezado por Lucci quien parece haber priorizado el negocio inmobiliario por sobre las explotaciones de citrus, a través de su empresa Citrusvil SA.
Un par de décadas atrás, aproximadamente, comenzó la última depredación del pedemonte con la sustitución de cañaverales por plantaciones citrícolas, con mucho menos follaje y capacidad de retención de escorrentías que la materia prima de los ingenios.

El Estado parece mirar hacia otra parte ante semejante riesgo
El peligro que el docente universitario detalló en cuanto a las consecuencias que ocasionaría la iniciativa, se ve acompañado de la complicidad por parte del Estado que, dada su inacción, parece hacer la vista gorda ante los riesgos existentes.
Según Adler, tras haber advertido sobre esta situación a la Dirección de Medio Ambiente provincial, ésta intimó el 26 de agosto pasado a la empresa Citrusvil a suspender las obras hasta el cumplimiento del decreto Nº 2.204 ( reglamentario de la ley provincial de Medio Ambiente N°6253).
Este decreto, en su artículo 8º sostiene que todo responsable de proyectos sujetos a Evaluación del Impacto Ambiental, deberán contar en forma previa a todo comienzo de ejecución de la obra “con el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente, que acredite la concordancia con los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos en la ley N°6253”.
Sin embargo, el emprendimiento, según denunció el docente de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT a primerafuente, jamás contó con habilitación alguna por parte Consejo Provincial de Economía y Ambiente. Además, pese a la intimación de la Dirección de Medio Ambiente, las obras continúan hasta el día de hoy. “¿Qué hace este organismo ante esta posible violación legal?”, se preguntó el ingeniero civil.
Adler afirmó que desde que la obra comenzó a concretarse, hace un año atrás, ya envió pedidos de informes y denuncias a los delegados comunales de San Pablo y El Manantial (serán los principales afectados en caso de inundaciones); al Consejo Provincial de Economía y Ambiente, a la Secretaría y Dirección de Medio Ambiente, a la Dirección Provincial del Agua (DPA) y a la Defensoría de Pueblo, entre otros organismos, aún sin respuestas concretas.
Incluso, el experto fue más allá y aseveró que la propia DPA rechazó un anteproyecto enviado por Lucci, vinculado al manejo de aguas pluviales en el predio del emprendimiento. Este trámite es requisito obligatorio para obtener un Certificado de No Inundabilidad. Sin éste, el emprendimiento jamás podría contar con una habilitación de Aptitud Ambiental. Sin embargo, irregularmente, las obras avanzan sin cesar en el pedemonte de San Javier.
“La empresa Citrusvil SA no está cumplimentando ninguno de los requisitos que llevan a la adecuada consideración de los aspectos ambientales que establece la ley 6253, continuando con la ejecución de una obra no aprobada, en abierta desobediencia a la intimación de suspender sus obras realizada por la Dirección de Medio Ambiente. Es presumible entonces que la mala fe de la empresa Citrusvil en desobedecer la ley y a su autoridad de aplicación pueda ser extensiva en el incumplimiento de compromisos que pueda asumir ante la DPA, por ejemplo”, sostiene la denuncia que Adler presentó ante el ombudsman Jorge García Mena a principios de mes.