Ya pasaron varios miles de días desde aquel recordado anuncio de María Julia Alsogaray cuando era secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, allá por 1993. No le bastó con prometer que en mil días el Riachuelo estaría limpio, sino que fue por más y dijo “se podrá nadar en esas aguas”. Esta sea tal vez la anécdota más recordada de una triste y larga historia que, en realidad, comenzó hace ya dos siglos.
Hoy, esas aguas son incapaces de contener forma de vida alguna, mientras que, paradójicamente, los asentamientos de los alrededores se reproducen a paso acelerado. Igual que las promesas en torno a su recuperación. Ahora, la novedad es un estudio de la Auditoría General de la Nación sobre lo que se hizo durante el año pasado, y cuyas conclusiones se hicieron públicas hace sólo unos días. Fallas, dudas y procedimientos poco claros predominan en el informe.
Tras aquel anuncio de María Julia, en 1995 se creó el Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo, destinado a los fines prometidos, y dos años más tarde se elaboró el Plan de Gestión Ambiental, un proyecto de limpieza por el cual se consiguió un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, por 250 millones de dólares. El Estado argentino aportaría una suma igual.
La gestión de Alsogaray gastó 37 millones en la organización formal, es decir, en los papeles, pero sólo un 5% fue utilizado en obras concretas. Más adelante, parte del dinero del préstamo sería desviado para planes sociales, lo cual generó mucha bronca entre los miembros del Comité.
Plazos
Si hay algo que en todo este tiempo sí pasó, fueron plazos. Fechas límites, términos y vencimientos. Y prórrogas. Después de tantos días que prometían ser el definitivo, los únicos plazos precisos parecen ser, por ahora, los que dispuso la Corte Suprema de Justicia en julio pasado, en un fallo inédito que obliga a la Nación, la Provincia y al gobierno porteño a llevar a cabo de una vez el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, atacando todas las causas que provocaron su contaminación, y cuidando que no vuelva a suceder.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes, debían inspeccionarse todas las empresas existentes, algo que aún no se hizo, según afirma Víctor Frites, miembro del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, y agrega que “lo único que se hace es multarlas, es decir que cierran unos días y vuelven a abrir, algo que les conviene mucho más que tener que trasladarse a otra parte”.
Una vez identificadas las empresas contaminantes, el fallo las intima a que presenten el plan de tratamiento de sus residuos, también con un plazo de treinta días. Después, los gobernantes tendrían dos meses para evaluarlos y ponerlos en marcha.
La misma sentencia también determinó que la Auditoría General de la Nación fiscalizaría la asignación de fondos y los gastos realizados. En este sentido, el órgano emitió un informe en octubre pasado donde se señalan algunos puntos poco claros en relación a la parte del préstamo del BID que sí se usó para los fines originales. En el momento en que se otorgó ese dinero, en 1998, se fijó como fecha final febrero de 2003, aunque luego se pospuso hasta el mismo mes de este año. Una nueva prórroga estiró el plazo al 5 de noviembre próximo.
Hoy es muy difícil imaginar al Riachuelo saneado para dentro de pocos días. Por otra parte, en su informe, la Auditoría también hace observaciones sobre los procedimientos administrativos y contables que se llevaron adelante, tanto en ejercicios anteriores como en el actual.
También se habla de las medidas y decisiones que ya se deberían haber concretado hace tiempo, y nunca lo hicieron. Se describen además falencias en los registros, donde resalta la desprolijidad del proceso, y faltas como pagos con vencimiento, recibos no encontrados, fojas traspapeladas en los expedientes, y dudosas contrataciones directas.
Las recomendaciones que el órgano de control emite tienen que ver sobre todo con transparentar el proceso y la gestión de todo lo que se hace, en consonancia con la sentencia de la Corte, que ordena publicar todos los movimientos y acciones que se lleven adelante en un sitio web de libre acceso.

El fallo
En 2006, un grupo de 140 vecinos iniciaron la acción legal contra los gobiernos a nivel nacional, provincial y local. En la primera audiencia, en septiembre de ese año, los demandados presentaron un plan de saneamiento, y crearon la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), integrada por miembros de los tres gobiernos, como ente encargado de resolver lo que debía haberse terminado mucho tiempo atrás.
En ese momento, el plazo final que se barajaba era de 15 años. Lo novedoso del fallo final de la Corte en julio último es que, si bien responsabiliza a todos los miembros de Acumar, el castigo económico recae en una persona física, la de Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y presidenta de Acumar. Para cumplir con lo que debe, la Justicia le ordena al organismo que adopte algún sistema internacional de medición en el plazo de noventa días. También pide una programación de viviendas para mudar los asentamientos ilegales que se multiplican a la vera de la cuenca.

Contaminantes
La cuenca Matanza-Riachuelo recibe un 25% de efluentes industriales (125.000 m3 diarios) a través de conductos cloacales, pluviales o directamente al suelo y un 75% desde efluentes cloacales (375.000 m3 de aguas servidas por día).
Las concentraciones de zinc, plomo y cromo son superiores en 50 veces a los niveles máximos permitidos. En Dock Sud más de 50 empresas del polo petroquímico se agolpan en 260 hectáreas. Según algunos estudios, en la zona de cuenca se registra el doble de fallecimientos en niños respecto al promedio de toda la ciudad de Buenos Aires.

Contaminación y algo más
Los primeros planes de saneamiento datan de hace más de cien años. En el medio, han pasado presidentes, gobernadores, renuncias, proyectos, y promesas.
Gran parte de la contaminación de la cuenca se debe a residuos industriales, especialmente los volcados sin tratamiento previo por las empresas que lo rodean. Otra problemática es la de los residuos sólidos, la basura que los habitantes arrojan directamente al agua. Según Víctor Frías, desde el Foro, el principal agente contaminante tiene que ver con la falta de cloacas.
“La última red fue construida en 1987, cuando la población era el 40 por ciento de lo que es hoy, y a partir de entonces las cloacas se fueron extendiendo de manera ilegal”,
explica, al tiempo que agrega que en el plan de viviendas “tampoco se ha avanzado”. Según manifiesta, lo único que se ha hecho son algunas obras para redes de agua potable, pero sólo en uno de los tramos.
Cuanto más tiempo pasa, más son los problemas a resolver. Hace varias décadas, quizá sólo hubiera sido necesario trabajar en la regulación y penas a las empresas contaminantes. Con el paso de los años, las problemáticas se fueron multiplicando aceleradamente, y ahora hay que lidiar con los asentamientos ilegales, la basura, el traslado de las fábricas, los problemas de salud en la población, y la lista sigue.

Características de la cuenca
La cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al noreste de la provincia de Buenos Aires. Al Norte limita con la cuenca del río Reconquista, al sur y al oeste con la cuenca del Río Salado y al este con el Río de la Plata. Tiene una longitud de alrededor de 60 Km y una dirección general sudoeste-noreste, y un ancho medio de 35 Km, cubriendo una superficie de 2.200 Km2 hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
La cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. Sus rasgos topográficos dominantes presentan claramente tres zonas definidas: llanura alta, llanura intermedia y llanura baja.

Relocalización de familias
El 23 de octubre pasado se anunció que más de mil familias que viven en asentamientos sobre las márgenes del contaminado Riachuelo en Dock Sud, en Avellaneda, serán relocalizadas dentro de ese partido del Conurbano bonaerense, a través de un aporte de 3.500.000 pesos de la secretaría de Ambiente de la Nación.
La cartera ambiental destinará esta suma al municipio de Avellaneda, que comprará terrenos y construirá viviendas para los vecinos de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, en Dock Sud, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental.
La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y el intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera, suscribieron un acuerdo para subsidiar la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas.
Estas viviendas serán levantadas en el marco del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios- Saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal.

Foto: Archivo Programa Infoambiente