Los funcionarios provinciales y de la Procuración del Tesoro Nacional se acostumbraron muy pronto a la abreviatura, cuyos abogados buscaron en el contrato de concesión firmado por Carlos Reutemann en 1994 los argumentos con los que poder dejar a salvo la posición santafesina.
Su trabajo fue fundar jurídicamente los incumplimientos contractuales de la compañía privada, que se resumen en que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) aprobó sólo uno de los diez años de la concesión. También se dedicó a defender al sector público provincial de las acusaciones del concesionario contra Santa Fe y el Estado Nacional, que se resumen en la tantas veces nombrada "inseguridad jurídica" (por la salida de la Convertibilidad).
Ahora, el gobernador socialista consideró que ha llegado a su fin la labor del grupo de abogados que se ocupó de asesorar al Poder Ejecutivo sobre el juicio promovido por la ex Aguas Provinciales, que comenzó en junio de 2004. Todo indica que el fin del pleito está próximo y no tiene caso seguir pagando al grupo de abogados armado por el gobierno anterior.
La demanda internacional es contra el Estado argentino, pero se teme (hoy más que nunca) que la administración central, ante un eventual fallo adverso, le cargue la cuenta a Santa Fe al apelar al discutible principio de subsidiariedad.
La empresa que controló los bienes que hoy están en manos de Assa (otra sigla de la gestión Obeid) estaba controlada por la multinacional francesa Suez y las ibéricas Aguas de Barcelona e Interaguas. Esos accionistas (y no los bancos argentinos que eran sus socios) fueron quienes iniciaron la demanda ante el Ciadi, órgano arbitral que depende del Banco Mundial y que tiene su sede en Washington. El resarcimiento reclamado ascendería hoy a 310 millones de dólares.
Los privados pudieron enjuiciar al país ante el Ciadi porque antes Argentina había renunciado a su jurisdicción judicial para atraer a los inversores, mediante los tratados bilaterales con Francia y España, de julio y octubre de 1991. Así, Santa Fe quedó sujeta al arbitraje de los socios de los potenciales interesados en el desguace del Estado.
El contrato que crearon los privatizadores santafesinos había previsto que cualquier diferencia contractual sería resuelta por la Justicia provincial, pero -obviamente- la fuerza de aquellos tratados es mayor a ese deseo.
La gestión Obeid había decidido acudir con una representación santafesina al juicio del Ciadi junto al ex intendente santafesino y por entonces procurador del Tesoro nacional, Horacio Rosatti. Eso había merecido discusiones en el propio oficialismo porque los privatizadores reutemistas pensaban que la presencia santafesina pegaba a la provincia a una decisión ajena: la salida abrupta de la convertibilidad y el congelamiento de las tarifas en pesos.
En cualquier caso, el decreto firmado por Binner considera que la Cearinsa, una dependencia de la Fiscalía de Estado, ha cumplido ya "acabadamente su objetivo".