En agosto de 2007, el gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar, dio a conocer en Cochrane (Región de Aisén) una de las noticias más relevantes referidas a la iniciativa hidroeléctrica: tras unos ajustes, el proyecto de centrales en la Patagonia no inundaría las 9.300 hectáreas estimadas inicialmente, sino que sólo utilizaría 5.910 hectáreas.
Esta reducción fue bien recibida por diversos sectores del país, en especial entre aquellos que sabían que la oposición a la iniciativa sería de considerar. Pero estos cambios estaban totalmente ligados a otro proceso: la obtención de derechos adicionales de agua, los que permitían hacer viables los cambios. El 26 de octubre, la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Aisén rechazó las cinco solicitudes que presentó la empresa.
Este escenario no se esperaba en la compañía. Durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, en agosto, los ejecutivos se mostraron confiados en que los derechos se obtendrían. De hecho por esos días en el Gobierno, en especial en la DGA, no fue bien recibida la que calificaron como excesiva confianza de HidroAysén en torno al proceso.
Si bien el dictamen es una resolución en primera instancia, y puede pedirse una reconsideración en la propia DGA (o una reclamación ante la justicia, en caso de perder también en este proceso), en la oposición al proyecto la noticia fue recibida como un triunfo absoluto.

Alcances del dictamen
El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo (Estudio Etcheberry Rodríguez), afirmó que el dictamen "es consistente con la legislación y la jurisprudencia de los tribunales y con todos los dictámenes de la Contraloría sobre el tema (...) confiamos en que ante cualquier recurso se va a actuar de acuerdo a derechos y se va a ratificar lo que la DGA señaló en Aisén". El abogado de los opositores dijo que "lo más importante es que las represas sin estos derechos de agua no se pueden construir y, por lo tanto, el EIA debe ser rechazado".
En la eléctrica separaron los temas y recalcaron que es un dictamen en primera instancia que "no altera la normal tramitación del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por cuanto estos derechos se requerirán sólo cuando comiencen a operar las centrales".
¿Qué viene para HidroAysén? Por una parte, la tramitación ambiental continúa su curso en la Conama, mientras la empresa anunció que está "evaluando y preparando las acciones a seguir para asegurar la obtención de estos derechos de aguas adicionales a los que ya tiene".
De la declaración se desprende que la eléctrica tomará el camino más lógico en estos casos, que es solicitar la reconsideración del dictamen a la DGA.
La misma percepción tiene el ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien al ser consultado por el tema afirmó que "ese es un proceso donde ha habido un primer pronunciamiento, pero entiendo que existen diversas instancias en las cuales la empresa puede insistir en su solicitud", y agregó que "creo que los dueños del proyecto van a insistir en su solicitud de derechos de agua porque me parece que es parte integral del diseño".
"Esta resolución no altera la normal tramitación ambiental del proyecto, por cuanto estos derechos se requerirán sólo cuando comiencen a operar las centrales".
HidroAysén, Reacción tras conocer el dictamen de la DGA.