La comitiva estuvo encabezada por la agente fiscal María Bernarda Alvarez, quien aparte de intervenciones de vertederos, mataderos y plantas fabriles de Ybycuí, Quiindy y Mbuyapey, intervino una destilería de alcohol y fábrica de azúcar orgánica situada en la compañía Curuzú Lacú, a dos kilómetros de Quyquyhó.
Se trata de la empresa Quyquyhó Poty, que fue denunciada ante José Luis Casaccia, ministro del Ambiente, y otras instancias, por los abogados Isidro José y Francisco Aguilar, por hechos punibles contra el medio ambiente.
La intervención fue realizada a base de la denuncia de que un arroyo del lugar está totalmente contaminado debido a que los desechos de la procesadora, sin previo tratamiento, son lanzados al curso, que ya se caracteriza por su color sucio y un olor nauseabundo.
El inconveniente supuestamente afecta también a unos 40 alumnos y docentes de la escuela “Ing. Enrique Barrail” y a numerosos vecinos que ya no pueden bañarse en dicho arroyo y mucho menos tomar agua del lugar.
Los técnicos de la Seam y la fiscala Alvarez verificaron las instalaciones y exigieron al Dr. Rubén Guerrero, gerente de la fábrica, a que en el menor tiempo presenten las documentaciones sobre el cumplimientos de exigencias y técnicas ambientales aprobadas por los organismos pertinentes.