Parece que el «tabú» del Gobierno socialista de la pasada legislatura contra los trasvases empieza a «hacer aguas». Primero fue la constatación, adelantada por ABC, de que en los despachos ministeriales se baraja con solvencia la posibilidad de hacer un trasvase desde Extremadura a la cuenca del Segura, casi tan largo como el del Ebro, que derogó el propio Zapatero nada más hacerse con el sillón de La Moncloa. El propio secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Joseph Puxeu reconocía que «las personas cambiamos» y que «probablemente en un escenario no muy lejano, podría contemplarse este trasvase si las condiciones son favorables. De momento parece que sí lo son porque, hasta ahora, salvo las consabidas objeciones ecologistas, todos están de acuerdo con ese trasvase, incluido el propio ministro de Justicia y diputado por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, que ponía al presidente extremeño, Fernández Vara, como paradigma de la solidaridad en materia de agua. Algo en lo que están de acuerdo dirigentes regionales del PP, como los consejeros responsables del agua en Murcia, Antonio Cerdá, y en la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, que no han dudado en calificar al presidente extremeño como «un hombre moderno y de Estado al hablar de la solidaridad en la gestión de los recursos hídricos».

El PHN del PP, a la palestra
Precisamente ambos han presentado el libro «Plan Hidrológico Nacional 2001-2004», una edición resumida de lo que fue, según ellos, «el mayor proyecto de modernización de España en materia de agua». Un proyecto que incluía el trasvase del Ebro, complementado con desalinizadoras y otras medidas de ahorro, depuración y gestión del agua para resolver el sempiterno problema de recursos del Levante español. Los consejeros murciano y valenciano resaltaron el rigor técnico del Plan, pero sobre todo el nivel de consenso de todos los sectores afectados, incluidas algunas comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, con José Bono a la cabeza, y Extremadura, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Junta. Para ambos consejeros la derogación del trasvase del Ebro supuso una quiebra de la solidaridad que ha llevado a una gestión política del agua «desde la perspectiva del blindaje». Por eso, ante el actual clima de diálogo que se vislumbra apelan de nuevo al «consenso» y a que el Gobierno de la Nación retome «las riendas de sus competencias exclusivas en la política hidrológica de España».

El mismo barco
Una muestra de que algo empieza a cambiar en esto de los consensos es que los socialistas murcianos andan pactando con el PP una proposición de ley que impida en el Congreso de los diputados que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ponga «caducidad» al trasvase Tajo-Segura. El secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, advertía recientemente que ante el debate de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha se presentaba una ocasión idónea «para modificar el Plan Hidrológico Nacional y la ley del Tajo Segura». Eso podría llevarse a cabo, añadía Saura, «si todos nos unimos en una acción común como esta (referida a la proposición de ley pactada con el PP contra la «caducidad» del Tajo-Segura) porque todos vamos en el mismo barco».
Esto, unido a los informes jurídicos que advierten de la inconstitucionalidad de la medida, ha hecho que los socialistas castellanomanchegos empiecen a dar marcha atrás y a replantearse el asunto y que, a la vez se cuestionen por qué todas las tintas se cargan sobre el trasvase Tajo-Segura y nadie habla del derogado trasvase del Ebro, que es el río más caudaloso de España. Emiliano García Page, alcalde de Toledo y ex vicepresidente de la Junta, es uno de los que se quejan de esa «discriminación», lo que no implica que esté a favor de las transferencias de agua entre cuencas. Él sigue apostando por la estrategia socialista de la pasada legislatura, es decir, por la desalación como solución definitiva para Levante, pero con un argumento un tanto pueril: que España «asuma que la solución no pasa por los trasvases». O sea que todo el mundo asuma los argumentos que a él le interesan, algo de lo que no debe estar muy convencido cuando a continuación advierte que, en cualquier caso, «no se puede eternizar este debate».
Andalucía anda de pactos
La invocación al consenso y a los trasvases también está empezando a hacerse un hueco en Andalucía, al menos en el debate teórico. La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, se manifestaba recientemente a favor de los trasvases, aunque después matizó sus declaraciones. El caso es que Javier Arenas, líder de los populares andaluces, con menos ataduras que otros dirigentes regionales del PP en esta materia, ha desempolvado la directiva nacional del partido para recordar que apuesta por los trasvases, aunque dando prioridad a las cuencas cedentes, y ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición para que la consejera aclare si ese apoyo a los trasvases incluye al derogado del Ebro, uno de cuyos fines era llevar agua a Almería. Cinta Castillo, de momento ha eludido el cuerpo a cuerpo sobre el trasvase del Ebro y ha acusado a Arenas de utilizar el agua como arma arrojadiza. Sin embargo, propone al líder de los populares andaluces un gran «pacto por el agua» en la región, sin entrar en los trasvases, pero aclarando que «está garantizado el mantenimiento de todos ellos». Ese gran pacto regional viene condicionado, eso sí, por la necesidad de elaborar la futura Ley de Gestión Integral del Agua, la primera que se hace desde el ámbito autonómico, después de que el Gobierno haya cedido gran parte de la gestión del río Guadalquivir a la Junta de Andalucía, una polémica cesión, que fue recurrida, por ejemplo por el Gobierno extremeño, y que es un paradigma de la política de «blindajes» regionales del agua, al que hacen referencia los populares murcianos y valencianos, pero el que tampoco son ajenos algunos de sus correligionarios de las hipotéticas cuencas cedentes.

Mentalidades desaladas
Lo cierto es que el debate sobre los trasvases vuelve a estar en candelero, sobre todo en las cuencas deficitarias, una vez que se ha comprobado que la desalación, por sí misma, no da una respuesta integral y satisfactoria al problema endémico de agua de Levante.
Y ese «cambio de mentalidad» que apunta el secretario de Estado, que incluye volver a los trasvases, como el de Extremadura-Murcia, o que desde las propias filas socialistas se reclame coherencia para evitar que unos trasvases sean «tabú» y otros estén demonizados, unido a que parece que empieza a vislumbrarse una voluntad de diálogo entre el PP y el PSOE a niveles regionales, son el campo abonado para retomar el consenso para un gran pacto nacional del agua que apueste más por el pragmatismo que por las urnas.