Uno de los grandes problemas naturales que afrontará la humanidad en los próximos años es la falta de agua dulce y una muestra de ello es la pretensión comercial de empresas internacionales que tratan de lucrar –ya en la actualidad– con esa demanda, que va creciendo en todo el mundo y que encuentra a la provincia de Santa Fe en un lugar privilegiado por su cercanía al imponente río Paraná.
En la edición de ayer, Diario UNO dio a conocer en forma exclusiva que existe una firma con bases en Buenos Aires y Miami que vende por internet, a Medio Oriente y África, agua de río que se extrae en la región sin ningún inconveniente, ya que existe un enorme vacío legal que ahora pretende regularse mediante un proyecto de ley que presentó el senador justicialista del departamento Garay, Ricardo Kaufmann.
La iniciativa fue ingresada el jueves pasado a la Cámara alta de la provincia y consta de cinco artículos, el primero de los cuales concentra el espíritu de la norma: “Prohíbase la exportación o envío al extranjero a título gratuito de agua dulce o potable desde la provincia en cualquiera de sus estados físicos, a excepción de los casos expresamente autorizados por la presente ley”.
Asimismo, esas excepciones consisten en lo que se establezca en “tratados suscriptos por la República Argentina en el ámbito del Mercosur o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con destino a alguno de los países signatarios”. También, “cuando existieran razones humanitarias o de emergencia”. No obstante, el proyecto no considera el reclamo y las expectativas que varias organizaciones que defienden los recursos naturales desde hace varios años, quienes consideran que el agua es un derecho humano de todos y no un commoditie más.
De todas maneras, el texto del senador Kaufmann es una primera aproximación para tratar de frenar un negocio que ya mueve millones de dólares al año y que en la actualidad no tiene ninguna regulación. Por lo pronto, el proyecto especifica que para poder sacar agua de Santa Fe habrá que hacer el pedido “ante el Poder Ejecutivo, con justificación de la cantidad que se pretenda exportar, los motivos en que se funda y la inexistencia o inocuidad de perjuicios para el medio ambiente”.
“Evaluados tales requisitos por el Poder Ejecutivo, y previo estudio de impacto ambiental realizado por la autoridad de aplicación –que sería el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente–, si considerare viable el pedido remitirá los antecedentes del caso a la Legislatura para que se expida sobre la exportación solicitada”.
En todos los casos, la idea de Kaufmann es que “los fondos que ingresen al patrimonio provincial por tales exportaciones se destinarán prioritariamente a recomponer el daño ambiental, si existiera, salvo que fuera mínimo y rápidamente recuperable sin intervención humana, en cuyo caso se destinarán a programas u otras acciones tendientes a la conservación del medio ambiente”. Asimismo, prevé que “el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial”.

Los fundamentos
“La problemática de la escasez de agua dulce en nuestro planeta causa alarma, no sólo a científicos, políticos y organizaciones ecologistas, sino también a un número creciente de ciudadanos. Es que el 90 por ciento del agua que existe sobre la Tierra es salada, y buena parte de ella se encuentra en estado sólido. Sólo el tres por ciento del agua es dulce y puede usarse para consumo humano y más de la tercera parte está en la Argentina y el Paraguay”, dijo el legislador y añadió: “Ello implica considerarla como un bien escaso, y como consecuencia, extremar las medidas para su cuidado y utilización racional”.
También manifestó: “Nuestra provincia, eminentemente agrícola, tiene que tener gran consideración por este aspecto, pues ese sector es, en el mundo, el mayor consumidor de agua (65 por ciento), al que le siguen el uso industrial y con el tiempo, la producción de energía eléctrica”.
“La regulación jurídica –continuó Kaufmann– del uso y conservación del agua es insuficiente y en muchos casos, inexistente, lo que provoca situaciones graves. Si bien en muchos lugares no hay problemas de acceso al agua, en otros es un recurso escaso debido a su falta o a la contaminación de sus fuentes”.
Además, recordó que en la provincia dicho tema ya dio “lugar a múltiples iniciativas y foros de discusión” y enumeró: “Mediante Nota Oficial Nº 17.413, el Concejo Municipal de Las Parejas comunicó a esta Cámara de Senadores la Resolución Nº 263, en virtud de la cual se propiciaba que el Congreso de la Nación sancionara una ley que prohibiera la exportación de agua dulce o potable, en cualquiera de sus estados físicos, lo que dio origen a un proyecto de comunicación por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo provincial que intercediera ante los legisladores nacionales por Santa Fe a fin que propiciaran la sanción de una norma de ese tipo”.

La Nación se queda con algo
Tal cual se publicó ayer, Diario UNO descubrió que en internet hay una empresa, con oficinas en Buenos Aires y Miami (EE.UU.), que ofrece la venta de agua dulce de río, cruda, sin tratar. Alberto Cholewa, uno de los socios de la empresa Makhena, al ser consultado sobre si realizaban ese tipo de comercio dijo: “Sí, pero eso lo hacemos a granel y sin procesar. Se exportaría para terminar el tratamiento en el lugar de destino. Este tipo de ventas las hicimos desde 1983 a 1987 y ahora lo estamos tratando de retomar. Porque en su momento no se pudo hacer más por el costo del flete”.
—¿Qué costo tiene para el comprador un buque cargado de agua dulce con capacidad para 70 mil toneladas?
—Un buque de ésos, si va a Medio Oriente, hay que calcular unos dos millones de dólares. A Estados Unidos cuesta un poco menos, pero para ese país el producto es otro. Allí demandan agua mineral envasada. Ese tipo de negocios es más para Medio Oriente, África, lugares que tienen una necesidad de agua en grandes cantidades y que no necesitan que sea mineral, sino que sea potable.
Asimismo, dijo que cada barco que sale de la Argentina lleva agua por un valor de dos millones de dólares, aunque el flete se queda con un 50 o 60 por ciento de ese dinero; incluso, indicó que se utilizan embarcaciones de la empresa Panamax, que son buques (en desuso) que tienen prohibido transportar petróleo, hidrocarburos y químicos porque ahora se exige que los barcos tengan doble fondo para llevar esos productos.
—¿Recibieron quejas de alguna organización ambiental por exportar agua?
—No, porque nosotros no estamos quitando del suelo o del continente agua. No estamos sacando del Iberá o de algún otro lugar, sino que, cuando lo hicimos, pescamos agua del río Paraná que se termina mezclando con el mar. No estamos trabajando en detrimento de alguna población ni nada por el estilo. Nosotros pescamos el agua de la desembocadura cuando se está por mezclar con el mar. Si nosotros no la retiramos eso se mezcla, ya está, punto (...).
—¿La exportación de agua deja algún canon especial para el Gobierno?
—Sí, es un bien registrable y Recursos Hídricos de la Nación cobra un canon por la cantidad de toneladas que se lleva.
—¿De cuánto es ese canon?
—Varía. Incide en un 10 por ciento del valor del producto.

En euros
Según estimaciones que hizo el propio Ricardo Kaufmann, un euro se pagaría el litro de agua que se extrae de diferentes lugares del país. El territorio provincial sería uno de los sitios de donde se exporta a diversos puntos del mundo.
En tanto, 11 euros sería el precio al que se vende el agua potable en países de Europa. Las versiones indican que la llevan en buques cisternas y una distribuidora en Italia lo comercia a toda la región.