El Consejo de Defensa de la Patagonia inició ayer el proceso de impugnación de la reunión de la Corema -del 7 de noviembre pasado- en la cual se le permitió a HidroAysén responder a través de adendas las más de 3 mil observaciones que le hicieron los organismos públicos a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en vez de rechazarlo dada "su falta de información relevante".
Marcelo Castillo, abogado de la ONG, presentó el escrito en Coyhaique -el cual hará llegar a cada uno de las otras 12 autoridades que participaron en la sesión- donde exige que se entregue la certificación de la reunión " de modo de dejar constancia de que la medida no fue una decisión colegiada sino tomada por el intendente de la XI Región, Selim Carrasco, quien no tendría estas atribuciones".
Carrasco desmintió esas acusaciones este lunes indicando que la sesión de ajustó a derecho y que la aprobación fue una decisión unánime de los miembros de la Corema.
Ayer, en tanto, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, negó que el Gobierno haya mostrado favoritismo por el proyecto y reafirmó la idea de que el proceso se ha ajustado a la legislación vigente.
Al ser consultado de si se revisará el actuar del intendente de la XI Región, Selim Carrasco, el vocero reiteró que en Chile cualquier proyecto tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental "y le podrá gustar mucho a un empresario, le podrá cargar a un ecologista, pero la ley no está hecha para favorecer al empresario ni para darle en el gusto al ecologista". Muy distinto piensa Castillo, quien dice que no hubo votación en la sesión de la Corema, que la decisión estaba tomada de antemano -políticamente- y que prueba de ello es un video de la reunión que circula en la red donde no aparece en ningún momento el citado sufragio.
La denuncia del Consejo de la Patagonia fue apoyada por el senador Guido Girardi, quien aseguró que "el intendente de la XI Región se excedió en sus funciones pasando por encima de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema)".