“Sólo será una “colorida y creativa manifestación en pleno corazón porteño”, dijeron.
La marcha incluye a tanto a organizaciones de rango local como nacional aliadas en la coalición “no a los terraplenes”, entre ellas a Greenpeace y las fundaciones Recursos Naturales, Proteger, Banco de Bosques y Diversidad Argentina, entre otras.
Estas entidades adhieren al reclamo de los pobladores de la localidad del interior correntino, Yahaveré, que, con éxito, querellaron hace meses a la firma Estancias San Eugenio por construir un terraplén sobre extensos territorios de los Esteros del Iberá.
Los pobladores argumentan que “esta estructura no sólo afecta la biodiversidad de la reserva natural”, sino que además “impide el normal escurrimiento de las aguas” por lo que “incrementa la posibilidad de inundaciones cuando las precipitaciones se pronuncian”.
El Obelisco, monumento histórico emplazado el centro de la avenida porteña 9 de Julio, la más ancha del mundo, conmemora la fundación de la primera ciudad argentina, hoy convertida en la megalópolis Capital Federal.

Terraplén
La construcción del terraplén inició en 2005, pero al llegar al kilómetro y medio de extensión la Justicia falló a favor de una denuncia del poblador Bruno Leiva y dictó una medida cautelar para detener la construcción, pero la empresa lo continuó.
Un año después, en mayo del 2006, el Juzgado Nº 12 resolvió que la estructura debía ser destruida. Luego, ese dictamen fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y al fin por el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó ese recurso extraordinario de la empresa.
El máximo Tribunal puso en agosto a Estancias San Eugenio un plazo de cinco días para que demuela el terraplén, pero la empresa nuevamente no cumplió con el mandato y la Justicia derivó responsabilidades al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.
El ICAA, atendiendo al acotado plazo impuesto por la Justicia, emitió un escrito aclarando al Superior Tribunal de Justicia que no objeta el fallo pero que la inversión y planificación que demanda su cumplimiento requería otros plazos.
Lo cierto es que a tres meses del último dictamen la estructura aún sigue firme, por lo que organizaciones ambientalistas locales iniciaron una campaña nacional en denuncia a “la impunidad de una empresa que no acata a la Justicia”.

Protestas
La campaña inició el mes pasado con una multitudinaria cabalgata que partió el mes pasado de la parroquia de Concepción –departamento del que depende Yahaveré- hasta y concluyó en las tranqueras del campo de la firma, pese a que se había proyectado arribar al puerto del pueblo.
Allí, los manifestantes se encontraron sin disturbios con pobladores de Santa Rosa, funcionarios de gobierno de la Municipalidad de esa localidad y de Concepción, y empresarios de Estancias San Eugenio, opositores a la demolición, encolumnados en una “contramarcha”.
Pero las protestas datan desde el primer fallo. En sucesivas ocasiones los pobladores marcharon junto a líderes de movimientos sociales y políticos hacia Casa de Gobierno y Legislatura en reclamo por el cumplimiento del mandato judicial.