Mediante decreto ejecutivo 1425, el presidente de la República, Rafael Correa, delegó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) realizar las auditorías de las concesiones de los servicios de agua potable y alcantarillado a empresas privadas.
La vigésimo sexta disposición transitoria de la nueva Carta Magna fija un plazo de 360 días para que el Ejecutivo efectúe una evaluación administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social. La información que se recopile, según la norma, servirá para definir la vigencia, la renegociación o, si lo amerita, la terminación de los contratos.
La Constitución vigente señala que el servicio de agua potable y alcantarillado solo puede ser prestado por personas jurídicas estatales o comunitarias, pero al momento hay tres compañías privadas que lo hacen: Interagua (Guayaquil), Tripleoro (Machala) y Amagua (Samborondón).
El decreto, que fue suscrito por Correa el lunes pasado, faculta a la ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, a pedir colaboración de otros ministerios dentro de su área.
La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) prestará apoyo técnico al Miduvi para las auditorías, comentó su titular, Jorge Jurado.
El funcionario aseguró que en proceso de revisión de las concesiones habrá participación ciudadana.
Andrés Mendoza, presidente del directorio de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), que concesionó los servicios a Interagua, expresó que “estará presto a dar facilidades a la entidad designada” para hacer la evaluación.
César Cárdenas, director del Observatorio de Servicios Públicos, señaló que no está de acuerdo con que el Miduvi se encargue de esa labor porque no tiene capacidad técnica.
“Debería hacerla (la auditoría) la Senagua. El Miduvi está más ocupado en la vivienda; en tema del agua no ha actuado de manera responsable”, sostuvo.
Cárdenas insistió en que los sectores sociales no solo deben ser veedores, sino también parte activa en la investigación.

RECLAMO: Condonación
Marcha
El Observatorio de Servicios Públicos realiza hoy una marcha hasta Interagua para exigir que se haga efectiva la condonación de las deudas que también está prevista en la disposición vigésimosexta de la nueva Constitución.