El pasado 17 de setiembre, el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos dispuso un aumento en la tarifa de ASSA que, en algunos casos, se elevó hasta un 40 por ciento.
Además del malestar entre los usuarios, la medida generó la presentación de dos oficios por parte de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, reclamando la ilegalidad del incremento.
A pesar de estos reclamos formales, el Gobierno provincial sigue sin responder al pedido de revocación del aumento, y esta actitud provoca la preocupación de la Defensoría.
En diálogo con LA OPINION, el Defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, recordó que la Defensoría del Pueblo es un organismo del Estado "y la ley establece que el funcionario público tiene la obligación de responderle".
En cuanto a los fundamentos del reclamo, Bermúdez señaló que "nosotros hicimos un estudio donde demostramos que el procedimiento que utilizó el Ministerio para llevar adelante este incremento era nulo y que no se atendía a lo que establece la ley".
La resolución 258, suscripta por Carlos Bermúdez, se funda en el hecho de que el órgano legal de contralor del servicio, el ENRESS, en la actualidad está virtualmente acéfalo (ver aparte) pues al no estar conformado su Directorio con el número de integrantes mínimo para dar quórum para deliberar y decidir, dicho ente está impedido de expresar su voluntad, debiendo ser su intervención en este tipo de procedimiento de carácter: previa, necesaria y vinculante.
"La Defensoría entiende que, en el marco de la actual normativa, el aumento dispuesto deviene inoportuno por no darse los presupuestos coyunturales exigidos por la norma a tales fines", expresó Bermúdez.
De todas maneras, la revocatoria de este incremento no es lo único que se persigue, sino que se reclama además una devolución del dinero cobrado a los usuarios.
"Sabemos que es una decisión difícil. Pero el mecanismo de devolución debe hacerse y será ASSA la encargada de definirlo. Lo que se espera es que, a partir del reconocimiento de esta ilegalidad, los usuarios puedan ver acreditados en su facturas los saldos a favor que correspondan", precisó el Defensor del Pueblo.

INSTANCIA JUDICIAL
¿Qué pasa si no hay respuestas? Bermúdez no descarta recurrir a la instancia judicial, e interponer un amparo colectivo. "Siempre fuimos reacios a la instancia judicial -dijo- pero en este caso se trata del dinero de usuarios del servicio".
En la resolución N° 258, Defensoría formuló también una recomendación al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que resuelva la situación de virtual acefalía del ENRESS.
En esa resolución, Bermúdez consideró insuficiente lo actuado por el ente en el caso, ya que sólo se emitió a través de sus Gerencias un "parecer técnico sin margen de discrecionalidad", lo que de ninguna manera puede suplir la ausencia del acto administrativo regular que debió haber dictado el Directorio debidamente conformado.
"No se discute la necesidad del aumento, sino el procedimiento mediante el cual se implementó. Estamos esperanzados que el Gobierno nos responda y lo haga de manera favorable. Creemos que si ya tuvieran otra opinión, nos la hubieran dado a conocer", concluyó Bermúdez.

ENRESS, acéfalo
El órgano que controla a Aguas Santafesinas SA y a otros 362 prestadores quedó, a partir de este mes, sin ninguno de sus directores. Las funciones de los dos que -aún sin quórum- habían tenido a su cargo al ENRESS en el último año concluyeron, y todavía el Ejecutivo provincial no ha enviado los pliegos para solucionar el problema de la acefalía.
José Lanzamidad y Helio Vázquez cesaron en sus funciones tras un año de acotadas posibilidades de conducción: cada decisión de alguna importancia debió ser elevada al ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Tal es el grado de dependencia de un ente que -según la ley que rige sobre el sector sanitario- debe ser autárquico, que ni siquiera los beneficios marcados por el Convenio Colectivo de Trabajo (obviamente de cumplimiento obligatorio) han sido otorgados, con el consiguiente perjuicio de los empleados del Ente.