En una medida inédita para su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que protegía a los glaciares de la explotación minera. Mediante el decreto 1837, publicado esta semana en el Boletín Oficial, la mandataria observó y devolvió al Congreso (es decir, vetó) la ley –iba a ser la 26.418– que creaba el Inventario Nacional de Glaciares y prohibía en sus cercanías explotaciones de cualquier tipo: mineras, petrolíferas o industriales en general.
Según el decreto firmado por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la vetada normativa “prohíbe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”. A ese argumento en la misma norma se contrapone que “como señala la Secretaría de Minería, el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar”.
El veto despertó la indignación de ambientalistas y opositores, que sospechan motivaciones fiscales o de negocios. “Permitir la explotación de minas a cielo abierto en las nacientes acuíferas del país es poner la dignidad y la vida humana al servicio de las empresas multinacionales. La Presidenta debería saber que el agua es un recurso escaso y con estas políticas condenan a las presentes y futuras generaciones”, acusó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que integra la comisión de Minería de la Cámara baja. La legisladora agregó “durante toda su gestión, los Kirchner mantuvieron los beneficios económicos que las empresas mineras poseen desde la década de ‘90”.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Minería, que conduce Jorge Mayoral, anunciaron que la Argentina es el tercer productor aurífero del continente americano, incluso por delante de países con fuerte tradición minera como Chile y Brasil. Las principales provincias productoras de oro son San Juan, Santa Cruz y Catamarca. La producción anual del país es de 42 toneladas, bastante lejos de las 266 toneladas de China, que ostenta el liderazgo mundial. “El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro, sumado a la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertarán al país en el club de los 9 mayores productores auríferos del mundo en los próximos 5 años”, señaló Mayoral.
El régimen minero argentino tiene varias ventajas. Desde la estabilidad fiscal garantizada por 30 años a cada inversión, hasta la posibilidad de deducir el 100% del Impuesto a las Ganancias por inversiones.
Además, las provincias nunca podrán cobrar más de 3% de regalías sobre el valor del mineral en boca de la mina. En ese marco, Mayoral anunció inversiones de $ 40.000 millones durante los próximos años.
En sus declaraciones, el secretario de Minería también admitió motivaciones fiscales para el impulso a la mayor explotación de oro.
“Ante las actuales situaciones externas, buscamos desde el gobierno nacional promover el desarrollo de productos que son y serán fuertemente demandados, caso de los minerales como el oro”, dijo. Un argumento que, como se ve en el decreto 1837, peso más que la protección de los glaciares.