Los proyectos fueron presentados en forma pública al titular del ente energético por parte de los dirigentes de las comisiones vecinales, grupos de campesinos de los asentamientos de la zona, comités de productores y juntas comunales.
La mayor parte se refiere al área de la producción agropecuaria, como por ejemplo; cría de cerdos, pollos, apicultura, huertas comunitarias, entre otros.
El titular del ente binacional Carlos señaló que este tipo de actividades debería imitarse en todo el país para que la ciudadanía tenga un contacto directo con las autoridades y que los pedidos sean públicos.
Apuntó que varios proyectos presentados en la audiencia pública son factibles y precisó que Yacyretá trabaja en forma coordinada con las carteras del estado para tratar de canalizar correctamente los pedidos.
Por su parte, Bárbara Saldívar, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ayolas, expresó que la presencia de la ciudadanía en la audiencia pública rebasó las expectativas. Afirmó que propusieron al director de la EBY la creación de una comisión de seguimiento de los proyectos que estaría integrada por representantes de la Contraloría Ciudadana, los grupos que presentaron sus proyectos y técnicos de Yacyretá.

UN CUADRO SURREALISTA QUE EXHIBE TRAZOS DE ROBOS, SOBREFACTURACIONES Y SOBORNOS
Plan de Terminación de Yacyretá es un frenético carnaval de derroches
Juan Fernando Kurz fue designado interventor y asesor de la dirección de Yacyretá el 26 de agosto. El viernes 7 de noviembre fue despedido “con una escueta comunicación”. El informe que entregó al director y al Consejo la EBY es el relatorio de un frenético carnaval de corrupción y de derroches.

–¿Por qué le despidieron de Yacyretá?
–No sé. Tengo una escueta comunicación en la cual recibo una comunicación en la que se me dice que se me ha cesado en mis funciones. Esa es la comunicación oficial. A partir de ahí empecé a informarme y tratar de entender las razones por las cuales dicen que me cesan y encontré dos elementos muy claros: lo de Roberto Paredes, que dice que es porque no tenía función, y las del director (Carlos Cardozo), que dice que no cumplí a cabalidad las funciones que él me indicó.

–Según las declaraciones que hizo Paredes a un medio colega, usted no cumplió con el compromiso que asumió. Fue contratado para realizar algunas investigaciones y nunca hizo una sola...
–Es una falsedad. Por resolución 1.355 del 26 de agosto de 2008 fui nombrado interventor del PTY (Plan de Terminación de Yacyretá). Era entonces interventor del PTY desde el corte administrativo hacia atrás, porque o si no le estaría interviniendo a mi propio compañero. Menos “obras críticas”, o sea la parte vialera, puentes y aeropuerto, todo el resto, sí. Pero por el principio de continuidad de los actos administrativos un acto que se firmó antes del corte administrativo continúa después. De hecho, mis funciones avanzaron hacia la línea donde se encontraba el compañero O’Hara (Marcelo) desarrollando sus actividades.

–Sus críticos le atribuyen funciones ejecutivas.
–Desde el 26 de agosto hasta el 10 de octubre cumplí la función de interventor y le entregué al director el informe y las recomendaciones. Aclaro, yo soy asesor del director, no tengo función ejecutiva, sino de asesoría, y se me paga un rubro que se llama dedicación funcional, es decir, que estoy 24 horas al servicio de la entidad y que no trabajo por horario ni con horario, trabajo mucho más allá de la carga horaria.
El 10 de octubre presenté el informe de la resolución escrita que habían dado, que era intervenir, y a partir de ahí me prorrogan por 30 días más mi estadía en Encarnación, porque prácticamente tenía base en Encarnación, 30 días más que terminaba alrededor del 15 de octubre.
El 5 de noviembre le presentamos al director todos los informes de las acciones realizadas entre octubre y el 5 de noviembre. Esto era investigaciones de obras que no se habían hecho, de otras que se habían hecho a medias, investigaciones de robo de agua a los grupos habitacionales...
La investigación en Arroyo Porã de los supuestos daños producidos por una tormenta, cuya reparación alcanzaba G. 4.900 millones, absolutamente sobrefacturado.
Detectamos también que en el camino Coratei-Yabebyry, donde había que construir puentes y alcantarillas, no se construyó uno solo, pero con una aclaración, que tampoco se firmó la orden de inicio ni se cobró la entrega inicial. Había la apariencia de que se trataba de una estafa, pero era un problema administrativo.
Después entramos a la isla Yasyretã, al camino Yatebú, donde sí descubrimos que una empresa había cobrado el 50% del dinero, ha realizado el 35% de las obras, y que ha consumido el 80% del tiempo.

–¿Recuerda el nombre de la empresa?
–Está en el informe.

–¿En el que presentaron a Cardozo?
–Así es. Ese informe tiene las siguientes partes: quién nos pidió la investigación; cuál es el objeto de la investigación y cuál es el monto en juego; cuál es la situación y cuáles son las recomendaciones. En los nueve informes constan todos esos elementos.

–Se publicó del caso de los operadores políticos del Partido Colorado que vivían a costas del ente binacional...
–Ese es el tema con el que nos inauguramos. 4.000 operadores del Partido Colorado que recibían, en forma de ayuda social, G. 500.000 por mes. Lo que no se publicó y que me interesa que se empiece a publicar es que en el informe se le recomienda al director no pagar. La asesoría es indicativa, él (asesorado) toma o deja lo que se le recomienda.

–¿Sobre la elevación del embalse, su intervención hizo alguna investigación?
–Claro que sí. Sobre eso se le dijo que los daños producidos por la suba de la cota son una reversibilidad relativa.

–¿Qué significa eso?
–Que el daño estaba hecho y que ya no había reversibilidad en cuanto a los daños en el aspecto ecológico, de ahí que lo que se le recomendaba al director era una cuestión de simultaneidad.

–El hecho de bajar el embalse debía ser simultáneo con otra acción...
–La instrucción del presidente era bajar de 78,50 a 78; le dijimos al director que debíamos prepararnos para bajar a 78 al mismo tiempo que nos preparábamos para subir a 79 más 1. A eso le llamábamos simultaneidad.

–¿Qué significa ese “más uno”?
–Ese concepto rechazado por los argentinos, y le explico que es pelo de agua más un metro de zona de protección por la altura de las olas.

–Se calcula que si el agua se encrespa por una tormenta. Por ejemplo, si la cota estuviese en 79 metros inundaría como si tuviese 80.
–Le comento que hace poco, con vientos de 65 km/h, tuvimos olas de 45 centímetros de alto. Entonces, para nosotros el 79 más 1 es una cuestión, pero que nunca se discutió con los argentinos, porque si les hacemos tragar ahora el más uno, cuando lleguemos a cota 83 el más uno a ellos ya nos les interesa porque solo les interesa llegar a cota 83. Más uno es pérdida de plata, si total el más uno nos afecta a nosotros nomás, y no a ellos.

–Cómo se concreta ese más uno.
–Hay que limpiar un metro más. Es como si fuera 84 la cota final y no 83. Toda el área debe ser preparada con si fuese a ser inundada, aunque estas inundaciones se produzcan como consecuencia de situaciones extremas y no habituales.

–¿Hicieron otras investigaciones?
–También investigamos el asunto de la “población vulnerable” y encontramos que el origen de la población vulnerable es de 3.000 personas que surgen de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y accedemos al documento originario, escrito con la computadora de la Junta de Gobierno y en papel membretado de la Junta de Gobierno, que determina quiénes son los 3.000.
Era un programa de la Junta de Gobierno, Paul Sarubbi y Judith Andrashko.
Luego aparece que, como era diciembre, que por única vez se incluiría a 900 y terminamos el 2007 con 3.000 más 900, pero amanecemos el 1 de enero de 2008 con 3.900, y la SAS y Judith Andrashko se abren y queda todo a cargo de Yacyretá.
Sobre eso le recomendamos al director que acepte como un acto hasta humanitario del problema de los 3.000, pero que rechace los 900, finalmente, entre idas y venidas se les paga igual a esos 900, pero hasta donde llegó el contrato, que eran cinco cuotas de 500.000 guaraníes, ya faltaban solo dos cuotas.

–¿Era población vulnerable o votos para la ANR?
–Llegamos a la conclusión de hacerles firmar una declaración jurada en la que decían que no eran población vulnerable.
El tercer pago se terminó este 7 de noviembre, ese día íbamos a colectar los tres pagos que hicimos y de ahí íbamos a separar quiénes eran población vulnerable, quiénes habían adulterado (los documentos), porque evidentemente no eran parte de la población vulnerable, para pasar luego a la fiscalía como una declaración falsa.
Previamente se había localizado a 34 líderes que habían sido denunciados a la fiscalía porque sacaban entre 200.000 y 300.000 guaraníes a cada uno de los que cobraban G. 500.000. Esta gente les delató, la fiscalía tomó medidas y decretó orden de prisión contra ellos.
Encontramos también que esa gente que recibía los G. 500.000 eran operadores políticos de un supuesto dirigente social, quien a su vez utilizaba a esa gente para coaccionar a la entidad binacional cerrándole las puertas, quemando cubiertas y entonces conseguía, como resultado económico, una orden de compras por 10, 20, 30, 50 y 100 millones de guaraníes, y en total los dirigentes sociales llegaron a retirar G. 1.800 millones de la entidad binacional.
El dinero que cobraban los dirigentes sociales cada vez que se le pagaba a la gente era de G. 735 millones, aproximadamente, entre 35 personas.
Eso se logró deshacer cuando comenzamos a pagar por abecedario. Los dirigentes sociales no podían entrar porque no eran sujetos de este beneficio y entonces empezamos a imponer criterio como que la binacional paga, pero no al dirigente, con lo que la gente empezó a entender que sus pagos no dependían de estar en la lista del dirigente social, porque la cuestión era “si no me das los 200.000, te saco de la lista, si me los das, te conservo”.
Entonces el tema es 4.000 operadores a 500.000 guaraníes cada uno. De estos, 35 casos pasaron a la fiscalía, y recién después se iba a verificar la lista de los que hicieron declaración falsa para luego pasarlos también a fiscalía.

Ramón Casco Carreras