El Gobierno brasileño aprobó en la víspera el permiso ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica de Jiraú, en el corazón de la Amazonia, proyecto que había despertado resistencia en Bolivia por la posibilidad de que inundara parte de su territorio.
La licencia ambiental era el último requisito administrativo del que dependía el comienzo de las obras de este proyecto, que aún puede ser anulado por vía judicial.
La construcción fue adjudicada en mayo pasado a un consorcio formado por el grupo franco-belga Suez (50,1%), la constructora brasileña Camargo Correa (9,9%) y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, con 20% cada una.
La licencia tiene una serie de condiciones, como la obligación de que el consorcio invierta el equivalente a $us 15 millones en proyectos de saneamiento y vivienda en Porto Velho, capital del estado de Rondonia, ubicada a unos 130 kilómetros del complejo.
Las empresas también deberán destinar recursos para una reserva biológica en la región, a fin de dar protección al jaguar, el delfín rosado y el armadillo, especies animales en peligro de extinción.
Según cálculos del Gobierno, Jiraú y Santo Antonio generarán juntas 6.450 megavatios, cerca del 13% de la demanda energética de Brasil.