El Gobierno brasileño aprobó ayer el permiso ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica de Jirau, en el corazón de la Amazonía, proyecto que había despertado reticencias en Bolivia por la posibilidad de que inundara parte de su territorio.
La licencia ambiental era el último requisito administrativo del que dependía el comienzo de las obras de este proyecto, que aún puede ser anulado por vía judicial.
La construcción fue adjudicada el pasado mayo a un consorcio formado por el grupo franco-belga Suez (50,1%), la constructora brasileña Camargo Correa (9,9%) y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, con 20% cada una.
El consorcio derrotado, formado por la brasileña Odebrecht y la estatal Furnas, ha pedido la impugnación de la subasta puesto que los vencedores movieron el punto donde se construirá la represa nueve kilómetros del lugar indicado en la convocatoria para abaratar la tarifa de electricidad ofrecida, clave para la adjudicación.
El Ministerio de Medio Ambiente dio ayer el visto bueno a esta modificación, ya que es "viable" desde el punto de vista ambiental y "no agrava los impactos", a pesar de que se inundarán cerca de 10 kilómetros cuadrados más de la selva amazónica, según los documentos del consorcio constructor.
La licencia tiene una serie de condiciones, como la obligación de que el consorcio invierta el equivalente a 15 millones de dólares en proyectos de saneamiento y vivienda en Porto Velho, capital del estado de Rondonia, ubicada a unos 130 kilómetros del complejo.
Las empresas también deberán asumir la financiación de una reserva biológica en la región, además de dedicar recursos a la protección de especies en peligro de extinción como el jaguar, el delfín rosado y el armadillo.