"Anoche recibimos el Icsara y estamos recién mirándolo", señaló ayer el gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar. Se refería al primer Informe Consolidado con la Solicitud de Aclaración, Rectificación y/o Ampliación (Icsara) al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que pretende construir cinco megarrepresas en los ríos Baker y Pascua, que fue enviado oficialmente este miércoles por Conama Aysén.
En más de 500 páginas se exponen 3.150 observaciones de los organismos públicos, que incluyen desde errores de forma hasta carencias de información científica fidedigna, consideraciones que deberán ser subsanadas por la empresa antes del 20 de noviembre.
Salazar restó dramatismo a las observaciones, asegurando que el proceso de evaluación ambiental por el que están pasando es completamente normal, "en general en todos los proyectos de energía siempre ha sido así", dijo en un seminario del Colegio de Ingenieros, donde además recibió el apoyo del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, que señaló que "si estas centrales no se hicieran tendríamos un déficit mayor de energía hacia 2013 y eso puede comprometer el desarrollo nacional", avalando la decisión de recibir las respuestas de la empresa mediante agendas.
Un poco más crítico, el senador por Aysén, Antonio Horvath, señaló que el proyecto debería ser devuelto y reformulado, porque "no cumple una serie de requisitos para ser evaluado", como el impacto social que producirá la gran cantidad de trabajadores que llegarán a la zona. El senador RN indicó además que es un error que el estudio no incluya el impacto de las líneas de transmisión, "no se puede evaluar por partes, estamos hablando de 2.300 kilómetros de líneas de transmisión, la gente no sabe por dónde van a pasar, qué va a suceder con el atractivo turístico", sostuvo.
En tanto, el Consejo de Defensa de la Patagonia señaló que utilizará todas las vías disponibles para exigir al Gobierno un apego estricto a la ley para impedir que funcionarios sean influenciados por el lobby empresarial.