Representantes de organizaciones ambientalistas, científicos y legisladores se reunieron ayer en la Legislatura para establecer una serie de ideas que se llevarán adelante para rechazar el veto presidencial a la ley 26.418 de protección de glaciares. Así, la primera medida será la de presentar un proyecto de resolución para solicitar a los representantes de Mendoza en el Congreso Nacional a que insten a la sanción de esta normativa que busca proteger las reservas de agua dulce de la cordillera.
La reunión se realizó en un ambiente cargado de críticas hacia la decisión que tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que las cerca de 50 personas, que estuvieron presentes en la Casa de las Leyes de la provincia, coincidieron en señalar que el veto tiene "argumentos pobres" para rechazar un proyecto de ley que fue aprobado por una amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
El texto de la ley 26.418 se elaboró hace poco más de dos años con la intención de resguardar todos los glaciares y suelos congelados existentes en Argentina y, al mismo tiempo, crear un inventario que permita conocer qué áreas cubren, dónde se encuentran, qué cantidad de agua tienen, entre otras precisiones. Cada uno de los puntos de la normativa, sancionada por el Congreso nacional el 22 de octubre de este año, contó con la supervisión técnica y científica de los especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
La necesidad de tener una normativa de estas características no es menor, ya que los glaciares son fuente proveedoras de agua. "En Mendoza, cuando no nieva, los ríos traen agua del derretimiento del hielo almacenado en la cordillera, algo fundamental para el riego. En el resto del país son importantes porque contribuyen a la producción de energía y también favorecen el crecimiento turístico, como en el caso de la Patagonia", explicó el científico mendocino Ricardo Villalba, director del Ianigla.
Por eso es que el Decreto 1.837/08 de la Presidencia de la Nación cayó como un balde de agua fría, valga la expresión, entre los especialistas en el tema y las ONG vinculadas a cuestiones ambientales. Las razones para vetar la protección de glaciares pasan por "una mala interpretación y lectura del artículo 6 de la ley", precisó Villalba.
En líneas generales, ese punto establece que no se pueden liberar sustancias tóxicas sobre los glaciares, construir obras de arquitectura o infraestructura (con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica) y, además, indica que queda prohibida la exploración y explotación minera o petrolera en esas reservas de agua y zonas periglaciares.
"Es muy claro, sólo indica que es específicamente sobre los glaciares. Pero parece que han hecho una mala lectura y han interpretado que la ley va a impedir las actividades mineras en general. Y es todo lo contrario. La norma no es antiminera, sino de protección de glaciares", enfatizó Villalba.
Con él coincidió el diputado provincial Néstor Piedrafita (ARI). "La ley es muy buena, pero detrás del veto, que tiene escasa consistencia, están las mineras", lanzó. Para él, los "malos" argumentos del decreto presidencial explican que se veta la ley porque puede existir conflicto de límites con Chile, justamente por la demarcación de glaciares, y se avanza sobre el poder provincial de legislar sobre la materia. "Además -dice- se irá en contra de varios gobernadores (no precisó cuáles) que sostuvieron que la norma iba a frenar el desarrollo local", indicó Piedrafita.
Piedrafita, junto a los senadores Alejandra Naman (ARI), Nelly Cerdán (PD) y Leopoldo Cairone (UCR) estuvieron reunidos ayer con científicos, especialistas en el tema y referentes de las organizaciones ambientalistas de la provincia para buscar una solución a la inesperada noticia. Así, se decidió presentar un proyecto de resolución en ambas cámaras para que -una vez que se apruebe la semana que viene- se convoque a los legisladores nacionales que representan a Mendoza para explicarles la situación. La idea es que entiendan la importancia de esta ley, que va a volver al Congreso Nacional, para que respalden el rechazo al veto. Aunque de los trece legisladores nacionales por Mendoza siete son oficialistas, deberán fijar su posición ante este tema que nos afecta a todos.
Por su parte, Villalba expresó que desde la comunidad científica se va a seguir avalando la calidad técnica y científica que tiene el texto. "Se pueden introducir cambios, porque estamos abiertos al diálogo, pero la ley es muy precisa y está muy bien fundamentada", dijo el científico.

Eduardo Sosa - presidente de oikos red ambiental
"El Gobierno contradice el desarrollo sustentable"
"Con la promulgación del decreto nacional N° 1.837/08, el Gobierno nacional incumple con su mandato y contradice el postulado del desarrollo sustentable que dice aplicar en sus políticas públicas, ya que restringe seriamente la habilidad de las presentes y futuras generaciones a satisfacer sus necesidades básicas, prefiriendo el consejo de empresarios que buscan el beneficio del interés privado por sobre el interés público de los habitantes de la Nación.
"A partir de ahora, el Gobierno nacional no podrá escudarse, como lo ha venido haciendo, argumentando que el paquete de leyes de inversiones mineras no puede ser modificado y que por ello no se puede hacer nada para impedir que las empresas mineras obtengan los beneficios económicos y privilegios obscenos que se les ha otorgado. Cuando pudo proteger el ambiente no lo hizo, burlando incluso a su propio partido, que defendió la ley en el Congreso de la Nación.
"Ante este panorama, Oikos red ambiental solicita que el gobernador de la provincia de Mendoza (Celso Jaque) tome el proyecto de ley nacional y lo convierta en un proyecto de ley provincial, presentándolo a la brevedad ante la Legislatura local para que se trate en sesiones extraordinarias, lo que será coherente con las afirmaciones del gobierno en el sentido que apoyaban la sanción y promulgación de la ley que finalmente fue vetada.
"Estamos ante la posibilidad de, al menos, proteger los ambientes glaciares y periglaciares a nivel provincial, y lo mismo debería realizarse en todas las provincias cordilleranas. Igualmente, Oikos solicita la derogación de las leyes provinciales N° 7.024 y 6.090 que adhieren al régimen de inversiones mineras, para estar acordes a la opinión del gobierno de que el paquete de leyes de inversión minera no es beneficioso para Mendoza, expresada en algunos medios locales, y solicita a aquellos legisladores que quieran defender los glaciares en Mendoza a que tomen en consideración esta propuesta."