El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue acusado de haber influido sobre Cristina Kirchner para que ésta vetara la ley que protege a los glaciares de la actividad minera.
Ayer diversas agrupaciones ambientalistas, científicos del Ianigla junto con algunos legisladores provinciales y nacionales ratificaron que intentarán torcerle el brazo a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien vetó la ley de protección y recuento de glaciares cordilleranos.
Como primera medida será solicitado a los legisladores por Mendoza ante el Congreso nacional que impulsen el rechazo al veto presidencial. Para lograr esto, los defensores de los glaciares necesitan tener dos tercios de los votos de ambas cámaras, algo difícil de lograr.
El senador radical Ernesto Sanz (UCR) adelantó a UNO que trabajará para revertir el veto, pero dejó en claro que el papel del oficialismo será clave para insistir en la sanción de la Ley 26.418.
Además, Sanz señaló que “este veto es el resultado del lobby que hizo el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, porque a él no le conviene esta ley ya que le dificulta la explotación minera en su provincia”.
Algo similar, opinó el diputado Omar De Marchi ( PD), quien dijo que “estas son claras presiones de Gioja. Habrá que ver cómo explican los diputados oficialistas que por un lado votaron a favor de la norma y ahora tendrán que sostener el veto”.

Ley mendocina
Mientras tanto, aquí en Mendoza, la Legislatura buscará aprobar su propia ley de protección de glaciares y áreas periglaciales saturadas de hielo.
Por lo menos, es el propósito de la senadoras Nelly Gray de Cerdán (PD), Alejandra Naman (ARI) y el diputado Néstor Piedrafita (ARI).
La iniciativa fue propuesta por Gray de Cerdán en la conferencia de prensa convocada en el Salón de Pasos Perdidos de la Legislatura para expresar la oposición al veto presidencial.
Según Gray de Cerdán “tendremos que pelear como lo hicimos en el caso del huso horario para tener una ley que proteja nuestros recursos hídricos”.
Pero esta idea podría demorarse un poco más ya que en estos momentos está en vigencia el período de sesiones extraordinarias donde sólo el Ejecutivo provincial puede presentar proyectos. Aun así, Gray de Cerdán no pierde las esperanzas de que desde el Gobierno local se pueda motorizar la norma.
Consultado al respecto, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, dijo que “analizarán los considerandos del decreto presidencia para conocer los motivos de la señora Fernández para rechazar el proyecto. Después nos reuniremos con los miembros de la Agencia de Cambio Climático y con el Consejo Provincial de Medio Ambiente. Una vez que hagamos todo esto, podremos definir una posición al respecto. De todos modos, le aclaro que siempre nuestra opinión ha sido a favor de la protección de los glaciares”.

Qué hará el oficialismo
La senadora justicialista Marita Perceval confirmó a Diario UNO que estuvo conversando ayer por la tarde con su compañero de bloque Daniel Filmus sobre el veto a la ley de glaciares. Esta charla habría servido para agilizar la convocatoria al foro dónde serán escuchados los gobernadores cordilleranos. Sin embargo, no pudo precisar cuándo será reunido este foro de gobernadores ni en cuánto tiempo podría haber definiciones sobre el cuidado de los glaciares.
Esto significa que el oficialismo sostendrá la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
Perceval aseguró que “esto no deja fuera de discusión el tema de protección de los glaciares, por el contrario, está dentro de la agenda para el desarrollo del país”.
La legisladora aclaró que ella votó a favor del proyecto y que esto no implica una contrariedad con el Gobierno porque “hay independencia de poderes”.

El debate

La ley
Crea un presupuesto mínimo para inventariar los glaciares y las áreas periglaciales saturadas de hielo. Esto sirve para saber cuánta agua hay en la zona.
Trata las actividades de cualquier tipo sobre los glaciares.
Establece el monitoreo permanente de la masa física de los glaciares.

El veto
Argumenta que la prohibición de las actividades sobre la cordillera afecta al desarrollo económico de cada provincia.
Que una ley nacional no puede prohibir actividades legales sino establecer parámetros.
Ordena la formación de un foro para tratar el tema.