Tras cuatro años de litigio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado de México suscribieron un convenio que puso fin a un juicio ordinario civil y en el cual la entidad mexiquense exigía a las autoridades federales el pago de 25 mil 654 millones de pesos “por daños y prejuicios” derivados del aprovechamiento de agua del acuífero del valle de Toluca.
El acuerdo firmado ayer al mediodía también contempla al Gobierno del Distrito Federal (GDF) pues los representantes del estado de México se comprometieron a desistirse de toda acción en contra de la administración de Marcelo Ebrard y de diversas instancias federales como las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En un comunicado de prensa, la Conagua informó que el juicio civil era de carácter federal y se atendía en el juzgado decimosegundo de distrito en materia civil del Distrito Federal.
Además del monto referido, en la disputa que ayer llegó a su fin, el estado de México también exigía la “terminación de los convenios” firmados en 1966, 1968, 1969 y 1979 que autorizan al gobierno capitalino el aprovechamiento de las aguas subterráneas de la cuenca del río Lerma con propósitos de abastecimiento de agua potable para la población de la ciudad de México.
El estado de México también pretendía que se le entregaran, “sin costo alguno”, los pozos, instalaciones eléctricas, casetas y caminos de operación que construyó en su territorio el entonces Departamento del Distrito Federal.
La Conagua no dio a conocer cuales fueron los acuerdos que alcanzaron las partes.

Persiste reparto injusto del recurso: experto
Por otra parte, pese a los ajustes y modificaciones que han hecho autoridades para regular la dotación de agua a los habitantes de la ciudad, en el Distrito Federal aún prevalece un reparto desigual e injusto, afirmó Alejandro Toledo, investigador en temas hídricos.
Durante su participación en el foro de la Semana Ambiental organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el especialista expuso que en las zonas residenciales el consumo de agua subsidiada por habitante excede los 800 litros al día, mientras que en zonas marginadas del valle de México el consumo per cápita puede ser menor a los 20 litros diarios que, además, les resulta muy caro obtener.
Ante la demanda del líquido, Toledo manifestó que hay una sobrexplotación del acuífero, ello ha generado que se agoten las aguas superficiales y la extracción se obtiene cada vez más y con mayor frecuencia de los cuerpos subterráneos, por lo que existe el riesgo de tener agua contaminada.
Asimismo, reiteró que sigue siendo grave no sólo para la ciudad de México, sino para todo el país el suministro en agua potable por el crecimiento de zonas donde cuesta muy caro dotarlas del servicio.