Es una historia de piratas. Vienen en barco, se llevan el agua y la venden al otro lado del Atlántico sin mayores restricciones de la estructura jurídica nacional o provincial. Así de desmedido y paradójico es cómo empresas internacionales venden por internet el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África, según la versión difundida en los últimos días por el senador Ricardo Kaufmann (PJ – San Javier), y suscripta por la ONG ecologista Río Paraná SOS.
Convencido de lo que denuncia, Kaufmann presentó un proyecto de ley para que la provincia regule un negocio que estaría generando millones de dólares.
El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Argentina dispone de mucho (22.000 metros cúbicos por habitante al año), pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semi árido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina. El Paraná es el más importante de ellos.
La iniciativa de Kaufmann rebotó en los medios nacionales. En lo que dura una mañana, el senador sanjavierino se convirtió en el gurú del agua dulce. La charla en su despacho con Crítica de Santa Fe fue interrumpida por cuanta radio del país lo llamara. Él atendió a todas, con la adrenalina de quien se siente felizmente codiciado por la prensa. El último llamado lo alarmó y le hizo tomar nota: “Eran de Salta: dicen que se están llevando el agua de las napas por cañerías hacia Chile”, transmitió.
El primer artículo de su proyecto prohibiría “la exportación o envío al extranjero a título gratuito de agua dulce o potable desde la provincia en cualquiera de sus estados físicos”. Kaufmann explicó que “la provincia debe establecer reglas para la extracción del agua y administrar el recurso. Es la que debe establecer si el recurso es renovable, y por lo tanto exportable, y si lo es, cómo regularlo”.
La iniciativa propone que, si se quiere extraer agua dulce, deba pedirse permiso “al Poder Ejecutivo, con justificación de la cantidad que se pretende exportar”. La propuesta del senador del PJ pretende que “los fondos que ingresen al patrimonio provincial por tales exportaciones se destinarán con prioridad a recomponer el daño ambiental producido por las mismas”.
Algo así como romper para vender, y vender para reparar lo que se rompió para vender. Un tanto absurdo. Pero con todo, es un impulso al debate, al conocimiento de la causa, para pensar y gestionar el futuro del agua dulce.

Pa’ la vuelta. Los ecologistas aseguran que hace tiempo denuncian la fuga de agua fluvial. Consultado por Crítica de Santa Fe, Carlos Pecorari, integrante de Río Paraná S.O.S, explicó el mecanismo que utilizan las empresas internacionales: “Se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) para la vuelta”.
Lo que ocurre es que “no cargan agua del Río de la Plata, que está contaminado, sino del río Paraná”, concluyó Pecorari, y dejó a la luz que “la extracción de agua, entonces, tiene un doble sentido: lastrar los buques para poder navegar y luego al llegar al lugar de destino, purificar el agua y comercializarla”.

Negocio ideal. El agua cruda, que hasta hace unas décadas carecía de valor comercial extraordinario, ahora representa ganancias para al menos una empresa que explotó esa veta en los ’80 y que ahora volvió a hacerlo (ver aparte). Se dice que en Medio Oriente pagan hasta 2 millones de dólares por las 70 mil toneladas de agua de río que puede llevar un buque en sus bodegas. Un promedio de 28 dólares por cada tonelada de agua cruda, pero apta para potabilizar. Claro que la mitad de ese monto se lo lleva el flete.
Según Pecorari, el valor de una botella de litro con esa agua argentina alcanza los 11 euros.
“Sin ningún control y sin ningún impuesto, el agua dulce es, al mismo tiempo, el recurso con mejor ecuación de costo – utilidad. Un agua de mesa vale 3 pesos y eso vale un litro de nafta, que tiene todo el proceso de refinamiento del petróleo encima. Y es el recurso más barato porque su extracción y purificación tiene un costo mínimo en comparación con su precio de venta”, analizó Kaufmann.
El senador quiere definiciones de fondo: “Lo que no se dijo hasta ahora es si el agua es una mercancía o no. Si es un recurso indispensable no puede quedar sujeto a las leyes del mercado”. Este debate cobra prioridad en una provincia donde su norte sigue indefenso ante recurrentes períodos de sequía y donde el 40 por ciento de su superficie tiene napas con agua no aptas para el consumo humano.

Tomar barato, vender caro
La empresa Makhena S.A., con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, expone en su página de Internet (www.makhena.com) las características del producto que ofrece al mercado (agua dulce, cruda, sin tratamiento), el origen (ríos de llanura, en Argentina), las cantidades (entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío), el uso (potabilización y consumo, riego, etc.) y la forma de transporte (buques tanque). El negocio es redondísimo y casi sin riesgos. Vender un recurso barato, a precios altísimos, claro que a partir de “un elemento insustituible que, a pesar de ser renovable, su escasez se manifiesta a medida que aumentan las demandas y conflictos por su uso”, tal como admite la misma empresa en su web.
En declaraciones al diario Uno, Alberto Cholewa, ejecutivo de Makhena, dijo que la exportación de agua dulce es “un bien registrable” y que la Dirección de Recursos Hídricos de la Nación les cobra un canon por la cantidad de toneladas operadas. Ese arancel es variable, pero incide en un 10 por ciento del valor del producto. La compañía ya operó este negocio entre 1983 y 1987, pero lo desactivó porque el encarecimiento del flete marítimo. Ahora, prueban de nuevo.