Tomás Chuquiscuma se detiene en la orilla del río Yauyos, sumerge sus manos y se deja acariciar por la fuerza de la corriente.
"Muy pronto el río perderá presencia y sus aguas disminuirán notablemente", asegura con nostalgia este hombre de 62 años, quien teme perder sus cosechas si su predicción llega a cumplirse.
Al otro lado de la orilla, Rosario Castro (31) nota nuestra presencia y expresa el enojo que su vecino había ocultado durante nuestra conversación. "¡No vamos a permitir que maten nuestro río!", vociferó y de pronto su protesta obtuvo un rápido eco en las personas que la rodeaban.
Ambos personajes viven en la localidad de San Jerónimo, en el distrito de Catahuasi (uno de los siete distritos de la provincia limeña Yauyos) que el pasado martes fue escenario de un violento enfrentamiento entre cientos de campesinos de los poblados y anexos de Yauyos y la Policía Nacional. Esta última solo trataba de desbloquear la carretera que los enojados campesinos habían obstruido.
El motivo de la bronca que dejó cinco heridos graves y el puente Independencia Huallampi quemado era, en principio, por el incumplimiento de la Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (Celepsa). Esta, que también se encarga de la construcción de la central hidroeléctrica en San Jerónimo, debía realizar una serie de obras a favor de los yauyinos, como el asfaltado de su carretera, la reparación del puente San Jerónimo y la construcción de un mini hospital, pero no cumplió.
Sin embargo, el fondo del problema se resume, de acuerdo con las autoridades ediles consultadas, a lo que indicamos al principio de esta nota: evitar que el río que los alimenta y los mantiene vivos sufra un daño irreparable.
Josías Luciano Mateo, alcalde del distrito de Catahuasi, señaló que Celepsa desviará el agua del río hacia un túnel de 14 kilómetros con el fin de mover las turbinas de la central hidroeléctrica. Pero eso no es todo. Regulará el nivel del cauce dejando correr solo un metro cúbico por segundo. "Eso sin duda causará un grave daño ecológico y focos de infección".

CONTAMINACIÓN
Las consecuencias de esta reducción obligatoria sería nefasta para la salud de los pueblos que conforman este paraje limeño.
Según Luciano Mateo, muchos de los pueblos echan sus desperdicios a la cuenca, y esta, por la cantidad de agua que contiene, los elimina con facilidad. "Ahora imagínese arrojar estos desperdicios en un caudal de un metro cúbico por segundo. Sería fatal para nuestra salud, de nuestros hermanos de los anexos y distritos de Chichicay, Chavín, Canchán, Catahuasi, Huayllampi, San jerónimo, Pueblo Nuevo y Chocos", precisó.
Adelmo Quispe, alcalde de Putinza, no se quedó callado. De ocurrir lo dicho por su colega, asegura, se incrementará los casos de afta, diarrea y dengue que ya afectan a casi medio millar de pobladores.
Por su parte, el alcalde provincial de Yauyos, Diómedes Inga, consideró "como justo" el reclamo de los lugareños, "pues ellos exigen responsabilidad social y que se proteja el medio ambiente".
Agregó que la empresa le hizo llegar el estudio de impacto ambiental sobre la obra que ejecuta en la zona, pero de manera resumida, "que no tenía ni pies ni cabeza".

DAN TREGUA
En tanto, en una reunión extraordinaria entre los alcaldes mencionados, delegados y regidores, se acordó dar una tregua a la compañía. Esta señal de paz momentánea servirá para que los burgomaestres inicien una mesa de diálogo con los gerentes de la empresa, con el fin de firmar un acta de compromiso en la que figurará una serie de propuesta en bien de los pueblos afectados.

DISPUESTOS AL DIÁLOGO
En tanto, Celepsa informó estar dispuesta a retomar las conversaciones con los comuneros, quienes hasta la fecha les prohíben el paso de sus unidades de transporte y del personal de la compañía a otros distritos de Yauyos. También aseguraron que la construcción de la central hidroeléctrica El Platanal no se detendrá y que continuarán los trabajos de responsabilidad social con los pueblos organizados.
Mientras eso ocurre la calma en Yauyos sigue siendo tensa.

EL DATO
Reclamos. Los alcaldes de Catahuasi, Putinza y Yauyos exigen contar con energía eléctrica a un costo que se ajuste a la realidad de los comuneros. Pedirán además que no expropien los terrenos comunales y un seguro de vida para aquellas personas que resultasen afectadas por la construcción de la hidroeléctrica.